En la penúltima sesión de este periodo, el Senado aprobó dos reformas que fueron motivo de discusión e incluso de confrontación durante los tres años recientes. Se trata de la legislación para combatir el narcomenudeo y la llamada ley de salarios máximos, por la que se establecen topes a los ingresos de los altos funcionario de los tres niveles de gobierno.

En las dos reformas, el perredista Pablo Gómez subió a tribuna, para expresar satisfacción por el hecho de que las reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución permitirán reivindicar a la función pública tan desprestigiada en México, por la posibilidad que tienen los servidores públicos de fijar su sueldo, bonos, compensaciones y hasta jubilación, sin ningún parámetro y ganar más que el presidente de la República.

Autor de la iniciativa, que estuvo casi dos años congelada en la Cámara de Diputados, Gómez llamó a los legisladores a promover que los congresos locales aprueben esa reforma, para que concluya el proceso constitucional y pueda entrar en vigor, pues se habrá dado un gran paso en la reivindicación de la República, para cumplir con aquello que Juárez planteó décadas atrás sobre la probidad y medianía en el ingreso de los funcionarios.

Asimismo, el blanquiazul Santiago Creel subió al pleno para congratularse con la ley de salarios máximos y dar respuesta a la preocupación del senador del PRI Francisco Arroyo, en el sentido de que uno de los transitorios al artículo 94 constitucional podría ser motivo de amparos. El panista explicó que lo que se hizo fue establecer un régimen de transición, para salvaguardar la autonomía del Poder Judicial.

Como sucede en todos los fines de periodo, pero agravado ahora por la emergencia sanitaria, que llevó al Senado a cancelar la sesión programada para este miércoles, la agenda de ayer contenía 128 temas, aunque sólo dio tiempo para aprobar 21 dictámenes.

Uno de ellos incluyó las reformas a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, para establecer una serie de medidas, a fin de combatir el narcomenudeo. En tribuna, Pablo Gómez explicó que uno de los logros fue eliminar de la iniciativa de Felipe Calderón la pretensión de penalizar el consumo de droga y de llenar las cárceles con jóvenes adictos.

El dictamen, que ayer se aprobó con 87 votos en favor y 10 abstenciones, dispone la competencia concurrente entre los tres niveles de gobierno y sanciona hasta con 15 años de prisión a quien posea drogas, más allá de los porcentajes máximos establecidos para el consumo –cinco gramos en el caso de la mariguana; 500 miligramos, en cocaína, y 50 miligramos, en heroína– con la finalidad de venderlos.

Los senadores reformaron también la Ley de Seguridad, para que sea considerada como amenaza nacional la introducción ilegal al país de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Igualmente, se modificó la Ley del Seguro Social, para regular la subcontratación laboral, conocida como outsourcing. Esta reforma la había congelado el Senado desde hace un año, ya que la cúpula empresarial se opuso a ella. Ayer se aprobó, con varios cambios, al gusto de los patrones, y fue regresada a la Cámara de Diputados.