Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y participantes de la campaña Libertad y Justicia para Atenco se reunieron con el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACUNDH), Alberto Brunori, ante quien expusieron que, a tres años de los hechos en San Salvador Atenco, las violaciones a las garantías fundamentales perpetradas por varios sectores gubernamentales continúan en la impunidad, además de que los luchadores sociales que están presos por esos acontecimientos enfrentan deplorables condiciones carcelarias.

El objetivo de los quejosos es que la oficina haga un extrañamiento al gobierno mexicano para que reconozca su responsabilidad en los hechos. Sólo de esta manera el Estado mexicano podrá ser consecuente con la imagen que se ha forjado en el ámbito internacional como actor relevante en materia de derechos humanos. Un liderazgo que no se refleja efectivamente en las condiciones de vida en México, las cuales, desafortunadamente, parecen cada día menos favorables para la vigencia de las garantías fundamentales.

Acciones de campaña

Mediante un documento se le dieron a conocer las acciones de la campaña orientada a lograr la libertad de los presos políticos y la justicia para Atenco, como las actividades que el próximo 3 de mayo se desarrollarán en aquel municipio y la marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación que se efectuará un día después.

Representantes del FPDT, el abogado Leonel Rivero y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Luis Arriaga, expusieron ante Brunori las violaciones a los derechos de los atenquenses perpetradas durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006, las condiciones carcelarias de los 12 presos políticos, sobre todo de Héctor Galindo, Felipe Álvarez y el líder del FPDT, Ignacio del Valle, quienes se encuentran recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano sentenciados, los dos primeros a más de 67 años, y Del Valle a más de 140.

Asimismo, destacaron la importancia de que la OACUNDH apoye la solicitud para que Galindo, Álvarez y Del Valle sean trasladados de ese penal federal a uno estatal.

Resaltaron que el caso debe ser de interés para la oficina debido al seguimiento que lleva a cabo sobre los derechos humanos en México y por su actividad para el fortalecimiento de la sociedad y el establecimiento de mecanismos que promuevan las obligaciones del Estado en la materia.

Recordaron que diversos organismos nacionales e internacionales han acreditado que durante la incursión policiaca en ese municipio se presentaron varias violaciones a garantías fundamentales. El operativo arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Lamentablemente, todas estas violaciones siguen impunes.

Ante Brunori los quejosos señalaron que, a tres años de los hechos, 12 personas han sido sentenciadas injustamente, acusadas por secuestro equiparado, siendo los más graves los de los tres recluidos en el Altiplano por la dureza, irregularidad e ilegalidad de los procesos y condenas en su contra.

Entre los firmantes del documento destacan los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera López, emérito de San Cristóbal de las Casas y de Saltillo, respectivamente; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; las actrices Ofelia Medina y Julieta Egurrola; el cantante y músico Manu Chao; el académico Adolfo Gilly, los periodistas Luis Hernández Navarro y Miguel Ángel Granados Chapa.