Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite un fallo favorable a las madres de tres jóvenes asesinadas del caso Campo Algodonero-2001 de Ciudad Juárez, el ex gobernador de Chihuahua Patricio Martínez y su ex procurador José Jesús Chito Solís tendrán que ser juzgados en México por no haber garantizado la protección a las víctimas, dos de ellas menores, y por no haber prevenido ni esclarecido estos asesinatos pese a que, desde cinco años antes de los hechos, prevalecía un patrón de violencia de género que había y cobrado centenares de vidas de niñas y mujeres.

Además, una larga lista de funcionarios de la anterior administración –la fiscal especial Zulema Bolívar, el agente del Ministerio Público, Manuel Esparza, y varios más– y responsables del actual gobierno, desde el mandatario José Reyes Baeza y su procuradora Patricia González hacia abajo en la cadena de mando, serían condenados por la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos y denegación de justicia.

Al explicar lo anterior, la abogada Sonia Torres, interviniente común de la querella ante el tribunal internacional, indicó que, además, entre las ideas que se están proyectando, se demandará también que el Estado mexicano emita una disculpa pública por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y que las madres sean reconocidas, en su activismo por los derechos humanos, como agentes del cambio en la ciudad fronteriza.

Promotora de la denuncia que hizo suya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue la instancia que la elevó a nivel de la Corte –cuyas sentencias son obligatorias para los Estados miembros del sistema de la OEA–, Sonia Torres aseguró que las implicaciones positivas de una condena al Estado mexicano generarán políticas públicas que garanticen efectivamente la seguridad de las mujeres, con instituciones que sí funcionen. 

Como muchas otras organizaciones de derechos humanos que en la última década se involucraron en estos casos, Torres es crítica de instituciones que se crearon supuestamente para resolver el problema de feminicidios en Juárez. Entre ellas destaca la Comisión para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres en Juárez, que presidió Guadalupe Morfín, y la fiscalía especial que condujo María Luisa López Urbina.

Fueron acciones mediáticas para dar por atendidas las necesidades de las mujeres, pero en el fondo sólo atendieron la necesidad de legitimidad del Estado, subrayó. 

Efectivamente, el gobierno, que será representado en la Corte por funcionarios federales y estatales, alegó en el periodo de presentación de pruebas que en la primera etapa de las investigaciones, entre 2001 y 2003, se cometieron irregularidades pero que a partir del año 2004 se subsanaron plenamente las irregularidades, se reintegraron los expedientes, se reiniciaron las investigaciones y se avanzó en una profunda reforma al sistema de justicia en el estado de Chihuahua. Asimismo, indicó que las familias de las víctimas fueron reparadas.

Sin embargo, las madres de las tres jóvenes encontradas en el Campo Algodonero, que simbólicamente representan a los cientos de asesinadas en Juárez en el contexto de homicidios seriales organizados, expondrán que también bajo la actual administración en Chihuahua y con los nuevos reponsables de procurar justicia se sigue violando su derecho al debido proceso.

En la audiencia pública que inicia el lunes 27 de abril en Santiago de Chile, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer representarán a la madre de Esmeralda Herrera, que tenía 14 años al morir.

La Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer abogarán por las madres de Claudia Ivette González (17 años) y Laura Berenice Ramos Monárrez (20 años).