Los integrantes de la comisión de Mediación –formada en abril de 2008 para coadyuvar a la búsqueda de dos eperristas desaparecidos– no acudieron ayer a la cita que programó la Secretaría de Gobernación en Bucareli, al dar dicho grupo por terminada su misión el martes pasado, cuando señaló que halló en las autoridades federales voluntad declarativa, pero nulos pasos sustantivos para encontrar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, vistos por última vez el 24 de mayo de 2007 en la capital oaxaqueña.

Hasta el momento el EPR no se ha pronunciado acerca de la determinación de la comisión, cuya integración solicitó el propio grupo guerrillero como alternativa para hallar a sus compañeros, al tiempo de ofrecer una tregua en sus ataques.

Por su parte, el gobierno federal aseveró que nunca ha buscado establecer canales formales o informales de comunicación directa con el Ejército Popular Revolucionario; en cambio, precisó, continúan las investigaciones para conocer el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a quienes se refiere como presuntos desaparecidos. También advirtió que siguen las indagatorias para hallar a los responsables de los ataques a las instalaciones de Pemex, todo ello ocurrido en 2007.

De igual forma aseguró que la participación de militares en diversos operativos –vinculados a los desaparecidos y a los atentados en Pemex, así como otros de combate al narcotráfico– fue para apoyar la seguridad de agentes ministeriales.

El gobierno federal respondió así a algunos de los planteamientos hechos por la comisión de mediación. Por la tarde Gobernación emitió un comunicado en el que establece que continúan las referidas investigaciones y asegura que el gobierno federal dará cumplimiento en términos de ley a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –la cual responsabiliza al Estado mexicano del delito de desaparición forzada de personas.

El gobierno federal dijo que ha cumplido con todas las peticiones de la comisión de mediación (integrada por siete personalidades) y, en cada uno de los puntos cuestionados por éstos, las autoridades federales hacen énfasis en que no han hostigado a persona alguna y se han conducido en estricto apego a lo que establece la ley.

El gobierno federal reitera que el caso de las dos personas presuntamente desaparecidas es competencia de las instituciones de procuración de justicia, advirtió.

En ese mismo tono justifica la presencia de militares el 25 de abril de 2008 en operativos realizados en Oaxaca. Para este efecto, la Secretaría de Seguridad Pública solicitó la colaboración de elementos de la Sedena para dar seguridad al personal ministerial que dio seguimiento a las actuaciones correspondientes, señaló. Sin embargo, reconoce que estas diligencias ocurrieron en el marco de las investigaciones ministeriales relativas al caso de los eperristas desaparecidos.

De manera similar justifica otras acciones federales, desmiente algunos datos expuestos por la comisión de mediación y explica una movilización del ejército en ciudad Nezahualcóyotl, el 2 de agosto de 2007, como parte de frecuentes operaciones conjuntas en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada en las que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.