el 13 al 17 de abril, la Sagarpa hizo públicas 12 solicitudes de Monsanto para la liberación experimental de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, pese a que el marco legal de bioseguridad está incompleto y plagado de irregularidades.

Ante esto, Greenpeace interpuso una demanda contra los funcionarios que infringieron la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, para modificar su reglamento y permitir las siembras de maíz transgénico en México, a pesar de que el país carece de un sistema de salvaguardas de bioseguridad eficiente y que es el centro de origen y diversidad del maíz. La denuncia penal interpuesta por Greenpeace es contra el presidente Felipe Calderón, el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas; el secretario de Medio Ambiente Juan Elvira, y el secretario de Salud, Ángel Córdoba.

Es muy grave que además, la llamada experimentación no es tal, porque al realizarse a campo abierto, la contaminación por polen, insectos y viento, ocurrirá inexorablemente, alcanzando otros campos y milpas a corto o mediano plazo. Se inaugura así la era de la contaminación transgénica legalizada. A nivel global, hay más de 150 casos de contaminación transgénica accidental, comprobados en 42 países. Hay estudios en México y otros países que muestran que las variables para contaminación son mucho más que las distancias de supuesto aislamiento. Pero el gobierno mexicano, siguiendo los reportes de Monsanto, asegura que justamente aquí, en el centro de origen del maíz, nada de eso sucederá. El polen, viento e insectos se comportarán de acuerdo con los protocolos de Monsanto, aunque los factores de riesgo se multipliquen por mil debido a la enorme diversidad de maíces, de polinizadores y de geografías.

Contrastando con esta apertura tan irresponsable, el 14 de abril Alemania anunció que, por considerarlo una amenaza al medioambiente, prohíbe la siembra de maíz transgénico Bt (Mon810 de Monsanto), sumándose a otros siete países europeos que lo habían hecho antes. Monsanto respondió con un juicio contra ese país. Para las transnacionales, o hay funcionarios que acepten sus condiciones, como sucede en México, o los países no tienen derecho a decidir según su propio criterio.

El mismo día, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos (Union of Concerned Scientists-UCS), dio a conocer el informe Failure to Yield (Falta de Rendimiento), que analiza los rendimientos de los cultivos transgénicos en ese país –mayor productor mundial de transgénicos– durante 20 años de experimentación y 13 años de comercialización. Es el estudio más amplio y minucioso realizado hasta el momento. Su conclusión: pese a enormes costos, los transgénicos no han contribuido a aumentar la producción agrícola en Estados Unidos y en cambio, otros enfoques convencionales y orgánicos, han aumentado los rendimientos mucho más.

La UCS explica que en el caso de la soya, los transgénicos han disminuido el rendimiento, en el caso del maíz tolerante a herbicidas no aumentaron nada y en el caso de maíz insecticida con la toxina Bt, ha habido un ligero aumento, un promedio de 0.2-0.3 por ciento anual, lo cual significa un acumulado de 3-4 por ciento al final de los 13 años, registrado sobre todo en zonas de ataques muy frecuentes de las plagas para la cual están manipulados, que por cierto, no sucede en México.

El dato más significativo es que el aumento total del rendimiento del maíz en esos 13 años fue más de 13 por ciento, lo que quiere decir que 75-80 por ciento del aumento de rendimiento se debió a otras variedades y otros enfoques de producción que no fueron transgénicos. O sea que si no se hubieran sembrado transgénicos en Estados Unidos, el total de producción de maíz hubiera sido mayor.

El reporte de la UCS está disponible en la red electrónica en inglés. Seguramente esto no es un impedimento para los funcionarios que aprobaron ilegalmente el reglamento de bioseguridad, ya que las solicitudes de Monsanto, en consulta pública en el portal de Senasica hasta el 13 y 20 de mayo, están parcialmente en inglés. Un hecho insólito, que muestra aún más claramente que la consulta es una farsa y no va a dirigida a los que realmente resultarán más afectados por la contaminación: los campesinos e indígenas creadores del maíz que Monsanto ha patentando, manipulado y ahora pretende usar como contaminante. A las autoridades no les importa lo que ellos y la mayoría de la gente piensen: sólo se aceptarán opiniones sustentadas técnica y científicamente, según su propia definición de ciencia y técnica, obviamente.

Necesitan este tipo de farsa y manipulaciones legales, porque saben que ni ellos ni Monsanto pueden responder las cuestiones de fondo: ¿Por qué colocar en riesgo al maíz, patrimonio genético y cultural fundamental de México para experimentar con cultivos que son más caros, rinden menos, usan más químicos y generan mayor dependencia y costos a los agricultores? Hay un sinúmero de otras alternativas que son más sanas, más baratas, rinden más y no implican riesgos.

*Investigadora del Grupo ETC