ué sentido tiene estudiar la carrera de derecho, si las autoridades encargadas de aplicar las leyes se burlan de ellas con tanto cinismo?, se preguntaba un estudiante con motivo de la resolución dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el pasado 14 de abril en contra de los mineros de Cananea. De un plumazo y en tan sólo un día, este tribunal desahogó una pantomima de juicio desde su etapa inicial hasta el laudo, aunque era fundamental realizar una investigación a fin de determinar si se actualizaba la causal de terminación de las relaciones colectivas de trabajo, consistente en la imposibilidad de seguir operando en el futuro por causas de fuerza mayor. La JFCA se negó a desahogar las pruebas idóneas para el caso ofrecidas por los trabajadores, aceptando el argumento patronal de que por causas de fuerza mayor la mina no podría operar más, y así autorizó el despido de mil 200 trabajadores, con indemnizaciones disminuidas, y tuvo por desaparecido el contrato colectivo y terminada la huelga, en consecuencia, a pesar de que ese mismo día se vio obligada a declararla existente por orden del Poder Judicial Federal.

La falsedad del argumento de fuerza mayor muy pronto quedó en evidencia. La propia empresa puso en ridículo a las autoridades al declarar a diestra y siniestra que su intención real era reanudar actividades con otras condiciones; llegó al extremo de señalar que su objetivo era deshacerse de 300 rijosos prosindicalistas y que estaría de acuerdo en volver a contratar al resto de los trabajadores, pero con el sindicato de su preferencia y un contrato colectivo de protección patronal, advirtiendo, incluso, que lo depositaría ante la misma JFCA. El teatro cayó por los suelos, ¿dónde quedó la fuerza mayor que impedía la reanudación de labores? Si efectivamente no se podía seguir operando, ¿por qué la urgencia de retomar las instalaciones, poniendo en riesgo incluso la integridad de trabajadores y familias? Es más, si se trata de una concesión estatal y el concesionario señala que es incosteable la operación, la mina debería regresar al dominio de la nación.

Por la trascendencia del conflicto, es fundamental que se aclaren las causas por las que la Presidencia de la República y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se involucraron en esta maniobra, que día con día se hace más evidente. Sobre ello se han planteado diversas hipótesis, complementarias entre sí. La familia Larrea, propietaria del Grupo Minera México, goza de gigantescas influencias en el gobierno federal, así lo acredita el proceso de privatización en su favor de la mina de Cananea y los apoyos que ha recibido. Carlos Fernández Vega lo documenta claramente en su columna México SA (La Jornada, 20/4/09). Como expertos en la tarea de especulación de metales, durante meses los empresarios no se preocuparon por la huelga, porque finalmente la baja en la producción de cobre incrementaba su precio. Nuevas circunstancias los orillaron a cambiar de estrategia; las recientes resoluciones en su contra de jueces estadunidenses los urgen a obtener recursos frescos para reparar daños a accionistas de Southern Copper Perú. Así surge la necesidad de reanudar actividades en la mina; sin embargo, no estaban dispuestos a solucionar la huelga, ni a otorgar al sindicato un punto a su favor, razón por la cual armaron con el gobierno federal el invento de una terminación colectiva de las relaciones laborales por supuestas causas de fuerza mayor y solicitaron a la Secretaría de Economía que emitiera un documento que sirviera de excusa con base en datos proporcionados por la empresa. El gobierno federal otorgó todo su apoyo, en esta especie de cruzada contra el sindicato minero, que viene realizando de años atrás, convirtiéndola en el emblema de su política laboral.

Abona al cálculo gubernamental su apuesta al olvido. Creen que después de algunos meses la población tendrá en mente otra cosa y el tema Cananea se podrá confundir con campañas en los medios y las denuncias financiadas por la empresa contra el líder del sindicato. Un argumento en favor de esta visión es el ejemplo de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes hace tan sólo cuatro años se movilizaban a nivel nacional con la consigna ¡ni un voto al PRI ni un voto al PAN!, con motivo de la modificación del régimen de pensiones y jubilaciones que finalmente fue cancelado para el personal de nuevo ingreso. Hoy existen más de 40 mil trabajadores sin este derecho contractual, mientras su dirigente se candidatea por el partido del gobierno que materializó el golpe.

El error de su cálculo es que los trabajadores sí tienen memoria, difícil de notar por la ausencia de organizaciones democráticas, de mecanismos de participación y de medios para expresarse; sin embargo, el 5 de julio será una oportunidad para hacerla patente rechazando la política antiobrera del gobierno, claramente expresada en el golpe a los mineros y su protección a un nuevo corporativismo de tipo patronal. Con su voto, los hombres y mujeres que viven de su trabajo deberán dejar claro que no es tan fácil olvidar.

En contraste con la celebración del sindicalismo oficial, el que ha sido cómplice con su silencio, la movilización del próximo primero de mayo reclamará justicia para los mineros como uno de los ejes centrales. El rechazo a una política económica que genera desempleo desbocado, topes a los salarios mínimos y contractuales, 30 por ciento por debajo de la inflación oficial, el despojo de los fondos de retiro vía su privatización, la Ley del ISSSTE, el rechazo al proyecto Lozano de reforma laboral y el reclamo por un cambio en los sistemas de justicia laboral estarán presentes en las mantas y consignas de miles de trabajadoras y trabajadores. Demostrarán que tienen buena memoria y que aún tiene sentido estudiar la carrera de derecho.