Desde su sede en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional (AI) manifestó preocupación por los once hombres detenidos recientemente en dos operaciones policiacas diferentes llevadas a cabo en Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, estado de Chiapas, quienes permanecen recluidos en un centro de detención no oficial sin que aún se les hayan fincado cargos. Todos, con acceso restringido a sus abogados y familiares. Estos últimos y organizaciones de derechos humanos sostienen que han sido sometidos a tortura y amenazas.

El organismo llama a demandar al gobierno mexicano garantizar la integridad y la libertad de todos ellos. Menciona a cinco miembros del Mocri-CNPS-MN y seis adherentes de la otra campaña, aunque ahora se presume que hay dos arraigados más, uno de los cuales es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el otro pariente de alguno de los otros detenidos.

En su llamado, AI recapitula: “El 7 de abril, cinco hombres fueron detenidos en Tuxtla Gutiérrez tras organizar una protesta ante la prisión local donde se encuentran recluidos algunos de sus familiares. Protestaban porque creen que sus familiares, que pertenecen a una organización de campesinos conocida como Mocri-CNPA-MN, permanecen recluidos por cargos falsos. La policía, además, registró las oficinas de la organización y se llevó ordenadores, archivos electrónicos y, en papel, material de oficina y dinero.

“Tras la detención, los cinco hombres permanecieron incomunicados durante dos días y fueron llevados a un hotel en desuso del municipio de Chiapa de Corzo llamado ‘Quinta Pitiquito’, que la Procuraduría General de Justicia del Estado utiliza como centro de detención”.

Erick Bautista Gómez, uno de los detenidos, denunció que “mientras estaba bajo custodia le propinaron repetidos puñetazos en el estómago, lo abofetearon y le tiraron con fuerza del pelo. Cuando permitieron que su hermana lo visitara, a él le dijeron que, si no cooperaba, a ella le sucedería ‘algo desagradable’”.

Posteriormente, el 14 de abril –detalla AI–, seis hombres de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, fueron detenidos en Ocosingo y recluidos en la Quinta Pitiquitos: pertenecen a una comunidad indígena a la que se considera simpatizante del EZLN, grupo armado de oposición que permanece militarmente inactivo desde hace más de una década y que mantiene un movimiento social y de gobiernos locales independientes en las comunidades indígenas de Chiapas.

Señala que los defensores que los visitaron afirman que los indígenas fueron torturados por los policías de Chiapas que los detuvieron, y que tenían marcas visibles de golpes. Adicionalmente, una vez detenidos los obligaron a firmar declaraciones que no comprendían. No hubo traductor de su lengua.

Varios estados mexicanos –abunda AI– utilizan la detención preventiva (arraigo) para recluir a sospechosos mientras se lleva a cabo una investigación. No se les acusa, sino que, a instancias del fiscal, un juez ordena su puesta bajo custodia. Pueden permanecer recluidos hasta 80 días sin que el fiscal los acuse o los ponga en libertad. Cabe recordar que en Chiapas, la citada finca de arraigo fue creada por el hoy defenestradísimo ex fiscal Mariano Herrán Salvatti, pero el actual gobierno la ha sostenido con uso intensivo, a pesar de tener brumosa legalidad y provenir de lo peor del satanizado gobierno anterior (de Pablo Salazar Mendiguchía).

El arraigo, arbitrario: ONU

AI y otras organizaciones han documentado cómo esta forma de detención puede dar lugar a tortura; con frecuencia, a los sospechosos se les niega acceso a un abogado de su elección, a su familia o atención médica. Y cita al grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre detención arbitraria, que en 2002 declaró que el arraigo constituye una forma de detención arbitraria y crea un entorno que da lugar al uso de la coacción.

El organismo insta a las autoridades mexicanas a garantizar que los 11 (de hecho 13) recluidos en Chiapas no son sometidos a tortura o malos tratos ni obligados por otros medios a hacer declaraciones contra su voluntad.

En San Cristóbal de las Casas, las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón desmintieron de nueva cuenta las imputaciones públicas contra los ejidatarios adherentes a la otra campaña, quienes aseguran ser objeto de hostigamiento y criminalización por sus acciones en defensa de los recursos naturales y su territorio frente a los proyectos neoliberales.