El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contrató un servicio para llamar a domicilios particulares y difundir, por ese medio, su postura sobre la pena de muerte. Al momento de descolgar el teléfono, los ciudadanos escuchan una grabación con un mensaje en el cual les piden presionar el número uno para manifestarse en favor de esa pena, y el dos si están en contra.

Ese hecho fue criticado por Javier Corral –hasta ayer presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi)– y candidato a diputado federal, así como por Jesús Cantú, ex consejero electoral, quienes advirtieron que esa práctica constituye difusión ilegal de mensajes proselitistas.

En asamblea de la Amedi, Corral exigió la intervención inmediata de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, porque el usuario de telefonía no tiene manera de evadir la grabación del PVEM; es decir, existe un uso indebido que amerita una sanción amplia a ese instituto político y a la empresa telefónica.

Hay un uso de la red de servicios telefónicos indebida y esto es un abuso en el que permanentemente ha caído Teléfonos de México para difundir sus propios servicios, ahora también al servicio de partidos políticos, dijo.

Comentó que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, la escucha forzada de grabaciones, por medio del servicio telefónico doméstico, no está incluido dentro de los productos que ofrecen empresas del ramo ni en los servicios adicionales o de valor agregado para los clientes.

¡Claro que es propaganda! Hay una invasión total a los ciudadanos, porque se trata de una grabación; es decir, no se les pregunta si desean recibir la llamada.

Jesús Cantú, también asistente a la asamblea general de la Amedi, comentó que no existe duda de que el PVEM está haciendo propaganda con la estrategia de las grabaciones telefónicas, disfrazadas de encuestas o formas de consulta, en un rango similar a los espots de informes de legisladores de ese partido.