La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó revocar el nombramiento de Alfredo Cristalinas como responsable de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) llega, aseveraron consejeros de este organismo, en muy mal momento: justo a la mitad de los procedimientos expeditos iniciados con motivo de las precampañas y en vísperas de que concluya la revisión de los informes anuales de los partidos.

El consejero Francisco Guerrero señaló que el IFE acatará en sus términos la resolución y se enfocará en acreditar los requisitos que para los magistrados no están completamente demostrados –estamos seguros que sí se acreditarán–, pero, indudablemente, es un mal momento para recibir la decisión. Si bien se acatará, eso no quiere decir que estemos de acuerdo con ella, por el contexto en que se genera.

La revocación del nombramiento ocurre en momentos en que la unidad de fiscalización ha emprendido casi 3 mil 500 procedimientos expeditos para revisar los gastos de precampaña.

Apenas dos días antes de resolver, los magistrados conocieron de la decisión del Consejo General del IFE, lo que suponía el inicio de las compulsas con los partidos, encabezadas por Cristalinas, a pesar de lo cual se determinó revocar el nombramiento.

–¿Se excedió el tribunal con esta resolución?

–Actuó en función a sus atribuciones –afirmó Guerrero.

Más adelante consideró que en el contexto de un proceso electoral, todos los actores –el IFE, los partidos, el TEPJF– entran en una fase de corresponsabilidad de sus acciones, cada una de las cuales necesariamente tiene un impacto del que cada quien se tiene que hacer cargo.

Para el consejero Arturo Sánchez, la resolución sencillamente introduce, otra vez, nuevos criterios sobre la forma en que venía actuándose, pues con esa decisión, como no se había hecho antes, tendremos que elaborar dictámenes al momento de designar funcionarios.

Consideró que Cristalinas cumple a cabalidad los requisitos de ley para asumir el cargo.

En la resolución del TEPJF se apunta que es posible que el IFE, una vez que se acredite la experiencia de cinco años requerida por ley, podrá volver a designarlo; en tanto, podría nombrar a un encargado de despacho que asuma las funciones.

A pesar del contexto, para el consejero Alfredo Figueroa, la decisión de los magistrados no coloca al borde de la crisis al IFE –a pesar de que en vísperas del arranque de las campañas, el instituto no cuenta ni con director jurídico ni con responsable de la unidad de fiscalización–, en función de que existe un equipo que atiende las tareas correspondientes a cada área.

Rechazó que el IFE haya cometido errores en la designación de Cristalinas, quien cuenta, agregó, con la experiencia requerida para el cargo. Recordó que la designación fue votada por unanimidad de los consejeros.

Aunque cautelosos en hacer señalamientos al TEPJF, en el instituto llamó la atención que las principales resoluciones adoptadas por los magistrados –revocación del nombramiento y de los lineamientos para difusión de espots en programas especiales–, así como la amonestación a Televisa, se dieron a pesar de desistimientos en todos los casos de los partidos que promovieron los recursos.

A pesar de las posturas de los consejeros, para el representante perredista ante el IFE, Rafael Hernández, la resolución se da en un momento crítico, que puede afectar la operación de la unidad de fiscalización, por las tareas asignadas a Cristalinas.