Irma Monreal no tiene la certeza de que los restos que enterró en noviembre de 2001 sean de su hija Esmeralda Herrera. La niña tenía 14 años cuando desapareció el 30 de octubre de ese año de camino a su trabajo, en Ciudad Juárez. El cuerpo que le entregaron en un cofre sellado fue encontrado ocho días después en el área conocida como el Campo Algodonero, en la ciudad fronteriza, con restos de ocho chicas más. Para ahorrarle más dolor a la madre, fueron sus hijos quienes realizaron el trámite de identificación. El menor le dijo: Mamá, es que es calavera toda, no tiene ni pelo, no tiene nada, no tiene oídos, no tiene boca (...) no la vimos, no nos dejaron verla.

Irma Monreal salió ayer de México rumbo a Santiago de Chile, donde sesionará por primera vez en audiencia pública la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juzgar al Estado mexicano sobre el caso conocido como Campo Algodonero, el expediente emblemático del fenómeno del feminicidio, drama que se desarrolla sin cesar, sin solución ni esclarecimiento de 1993 a la fecha. A esta madre la acompañan en el viaje Michele Salas y David Peña, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, representantes legales de familiares de víctimas.

En Santiago la alcanzarán este fin de semana Josefina González y Benita Monárrez, madres de Claudia Ivette González Banda y Laura Berenice Ramos Monárrez, otras dos jóvenes asesinadas, acompañadas por otros dos juristas, Alfredo Limas y Sonia Torres, del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer de Ciudad Juárez (Cedimac).

Torres acude en su calidad de interventora común de la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002.

Por su parte, un contingente de cerca de 20 funcionarios mexicanos –entre diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agentes, peritos y abogados de la PGR y la procuraduría estatal de Chihuahua, del Inmujer y de la fiscalía especial para los delitos de violencia contra las mujeres y la trata de personas– voló también rumbo a la capital chilena.

Alfredo Limas comentó a este diario que la delegación oficial va a defender su tesis de que si bien en una primera etapa de la investigación judicial por el asesinato de varias jóvenes de Ciudad Juárez, entre 2001 y 2004, durante el periodo del gobernador Patricio Martínez, no se investigó tan bien, en una segunda etapa, de 2004 a la fecha, con José Reyes Baeza, las averiguaciones van muy bien.

Las madres de tres de las chicas asesinadas, por el contrario, sostendrán que el Estado mexicano nunca investigó bien, y que a ocho años de la desaparición de las jóvenes se siguen violando todos sus derechos, incluidos el del debido proceso.

Tres casos que representan a todas

El 28 de abril sesionará la primera audiencia pública para juzgar el expediente Campo Algodonero: casos 12.496, 12.497 y 12.498 contra los Estados Unidos Mexicanos. Dos presidentes panistas en el poder federal, dos gobernadores priístas (Martínez García y Reyes Baeza) y una larga sucesión de procuradores, subprocuradores, fiscales, agentes del Ministerio Público y comisionados fabricaron culpables, maltrataron a las familias de las muchachas, desviaron averiguaciones, obstaculizaron investigaciones, ocultaron indicios y enturbiaron un proceso que, por la brutalidad del caso, tenía encima el ojo de la opinión pública, de defensores de derechos humanos y de juristas de todo el mundo.

Primero fue el encarcelamiento de dos presuntos responsables, los camioneros Víctor García Uribe, El Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca. Se comprobó que fueron torturados para declararse culpables. En circunstancias no aclaradas, González Meza murió en prisión. Posteriormente los abogados de ambos –primero Mario Escobedo y después Dante Almaraz– fueron asesinados.

En el siguiente gobierno fueron arrestados Francisco Granados –ya exculpado–, Édgar Álvarez Cruz y Alejandro Delgado como presuntos responsables. Se han armado líneas de investigación de ritos satánicos y violencia relacionada con la adicción a las drogas. Nunca se ha comprobado fehacientemente la relación de los presos con los crímenes.

Por eso las madres y nosotros, sus representantes, sostenemos que el Estado mexicano violó el derecho a la vida de las jóvenes y niñas y sigue sin garantizar su derecho a la seguridad jurídica de sus familias, señalan Torres y Limas.

En estos años, durante el proceso de integración de pruebas y las audiencias en la CIDH, en Washington, los representantes del gobierno mexicano, incluidas la ex fiscal de la PGR Alicia Pérez Duarte y la actual, Guadalupe Morfín, han alegado que México ha redoblado sus esfuerzos para esclarecer los crímenes y sostienen que la demora de ocho años en el caso del Campo Algodonero no ha sido por negligencia, sino porque es el tiempo que requiere el proceso de investigación.

Pero, aseveran los abogados, nosotros no hemos visto ninguna prueba de los avances. Por el contrario, apenas ahora las autoridades están retomando los indicios que las víctimas presentaron hace ocho años.

La actual procuradora estatal, Patricia González, anunció en Washington en 2007 que ahora la averiguación va en la dirección correcta. En los hechos, no hay nada, concluyen los defensores de los familiares de las víctimas.