Por considerar que es oportuno revaluar la jurisprudencia vigente en materia de libertad de expresión y derecho a la información, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo que presentó Marta Sahagún contra la sentencia que exoneró al semanario Proceso de la acusación de daño moral.

Con el voto en contra de Sergio Valls, los ministros consideraron que es fundamental pronunciarse respecto de términos como respeto a los derechos de los demás, moral pública, privacidad, honor, reputación, vida privada, derecho a la intimidad y asuntos de interés público, entre otros.

¿Qué es lo público?

El proyecto de resolución, elaborado por José Ramón Cossío (fue avalado por Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y José de Jesús Gudiño) plantea también la necesidad –en el caso de la esposa del ex presidente Vicente Fox– de precisar qué puede considerarse personaje público, cuando se trate de personas que desarrollan actividades privadas, que son funcionarios públicos, que desempeñan actividad pública distinta a las gubernamentales, que se exponen de manera voluntaria a la opinión pública o que eligen profesiones o actividades que conllevan una exposición a la mirada pública o personas que por razones ajenas a su voluntad se convierten en objeto de atención.

Pretenden establecer también qué se considera información veraz, a efecto de descartar un ataque injustificado a la reputación de personajes públicos o como estándar de la no difusión intencional de información falsa.

Con la revisión del amparo –asunto en el que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal exoneró a Proceso, pero sentenció a la periodista argentina Olga Wornat al pago de 500 mil pesos–, los ministros buscarán también delimitar el ámbito protegido por el derecho a la intimidad, así como el deber de soportar determinados efectos por el hecho de ser persona pública o por verse involucrado en sucesos de interés.

Otro aspecto que tendrá que definirse tiene que ver con la responsabilidad que tienen los periodistas, propietarios de medios y editores en casos en que esté en duda si hubo un ejercicio reprochable de la libertad de informar y opinar.