La pertinencia de reinstaurar la pena de muerte en la Constitución dio pie a un agrio debate en la Cámara de Diputados. El gobierno de Coahuila, entidad que abrió el tema, anunció que la aplicación de dicho castigo obedece a la demanda de la sociedad por resolver la grave situación de inseguridad y violencia que se vive en todos los rincones del país.

La réplica a dicha postura redundó en la inoperancia de la pena de muerte para resolver de fondo las conductas delictivas que imperan en todos los sectores sociales. El tema donde hubo consenso se centró en la urgencia de impulsar la cultura de la reinserción social y del respeto, que tanto escasean en México.

Jesús Torres Charles, procurador general de Coahuila, refirió que es necesario aplicar un castigo de tal magnitud a aquellos delincuentes que inflingen dolor y desgracia a miles de familias inocentes, porque actualmente la justicia mexicana no contempla resarcir el daño a quienes padecen los efectos del secuestro, de la delincuencia organizada y del homicidio.

La postura de diputados del PRD y el PRI contrastó con la del procurador Torres Charles y del Partido Verde, que se encargó de promover la iniciativa en el Congreso federal. Andrés Lozano, del partido del sol azteca, refrendó que los perredistas están en contra de la reimplantación de la pena de muerte, pues lo indispensable es mejorar el sistema de procuración y administración de justicia para hacerlo eficaz y confiable en el abatimiento de la impunidad.