Senadores de PRD y PT deploraron que se haya disuelto la comisión de intermediación y exigieron al gobierno federal mayor responsabilidad y tomar las medidas necesarias para reanudar el diálogo con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Por su parte, diputados de oposición coincidieron en descalificar la postura omisa y carente de interés de la Secretaría de Gobernación para atender las propuestas y solicitudes con el fin de coadyuvar en la investigación sobre la desaparición de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Integrantes de organizaciones de derechos humanos lamentaron que, por falta de voluntad política y compromiso, el gobierno federal haya dejado escapar una oportunidad histórica de resolver un delito de lesa humanidad, como es la desaparición forzada de los dos integrantes del EPR.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Morneal, consideró que la decisión es una muestra clara de que al gobierno federal no le interesa resolver los problemas que han originado descontento y el surgimiento de grupos armados. Alertó que el desinterés del gobierno puede derivar en que el grupo guerrillero se fortalezca y exprese de nuevo su inconformidad por fuera de las vías legales.

Carlos Navarrete, coordinador de los senadores perredistas, señaló que el gobierno federal debería tener presente que es mejor que hablen las palabras y no que hablen las armas. Ojalá, agregó, que la administración de Felipe Calderón tenga capacidad de reanudar las conversaciones con el grupo mediador, que lleva el diálogo con el EPR.

Juan Guerra Ochoa, diputado del PRD, aseguró que un Estado no puede carecer de palabra y de compromiso, y cuestionó que si el gobierno de Felipe Calderón aceptó una instancia de mediación, debió dedicarse a encontrar una solución y no sólo a jugarles el dedo en la boca a los integrantes de la comisión y a la contraparte.

Entrevistada por separado, la coordinadora de Alternativa, Marina Arvizu, resaltó que el gobierno federal incumplió con su mandato y su compromiso. Subrayó que la postura de Gobernación no puede ser de indiferencia ante un asunto tan delicado, porque se trata no sólo de desaparición forzada de personas, sino de violación grave a los derechos humanos, y la actitud mostrada por Bucareli ante la comisión sólo ha retrasado el esclarecimiento del caso.

El diputado del PT Silvano Garay afirmó que al mantener aislada a la comisión, el gobierno de Calderón no sólo pospone la aplicación de la justicia, sino continúa con el manto protector al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, sobre el cual recae la principal sospecha de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.