Los integrantes de la comisión de mediación para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) dieron ayer por terminada su misión, ante la falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta del gobierno federal en la investigación que permita dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Advirtieron que si el EPR decide cancelar la tregua –comprometida precisamente por la existencia misma de la comisión– será responsabilidad exclusiva del gobierno federal, el cual sólo ha tenido voluntad declarativa para enfrentar los hechos y, en cambio, trata de meter el asunto en camisa de fuerza de las gestiones ministeriales.

Cuatro horas después de la conferencia de prensa de la comisión, realizada con la presencia de organismos civiles y del representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación llamó a los siete mediadores a reconsiderar su decisión.

Los convocó a un encuentro programado para el viernes entrante, en Bucareli. En esa cita, aseguró, dará a conocer las respuestas de dependencias federales involucradas en la investigación.

El titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró que cualquier rechazo al diálogo es insensato y, ante un eventual ataque de grupos armados, aseveró que el gobierno siempre está pendiente de los riesgos que tiene cualquier república moderna.

Aseguró que no conoce de advertencias recientes.

–¿De qué tamaño es la guerrilla en México? –se le preguntó.

–Hagan sus investigaciones. No esperen que el secretario de Gobernación esté haciendo revelaciones de información delicada. Hoy por hoy no se conoce de ningún movimiento activo que esté amenazando a las instituciones.

–¿Los grupos armados están vinculados al narcotráfico?

–Esas son hipótesis que no tienen corroboración alguna –respondió.

Admitió, sin embargo, que la indagatoria gubernamental (a cargo de la Procuraduría General de la República, PGR) es complicada, porque ha pasado mucho tiempo (desde la desaparición de los eperristas) y algunas de las pistas se han desvanecido.

Reiteró la versión oficial en el sentido que “no se ve un cruzamiento de operativos” en la ciudad de Oaxaca (el 24 de mayo de 2007, día en que se vio por última vez a los eperristas) a cargo de las autoridades, y exculpó al Ejército.

Sí estamos preocupados, sí quisiéramos encontrarlos por un principio elemental de justicia, señaló.

Respecto de la versión de que las autoridades buscan a los familiares de los desaparecidos para practicarles pruebas de ADN, Gómez Mont comentó que en este proceso han surgido versiones interesadas, ocurrencias y algunas más pueden ser ciertas y requieren de su validación.

En casi un año de trabajos de la comisión, sus integrantes se entrevistaron con Gómez Mont una sola vez, en un encuentro de no más de cinco minutos.

Estuvimos ante una actitud poco atenta y hasta maleducada de los funcionarios de Gobernación; recientemente, llamadas telefónicas con el subsecretario de Gobierno, Jerónimo Gutiérrez, en las que hasta confundía de qué le estábamos hablando, aun cuando los documentos a los que hacemos referencia son públicos, dijo uno de los mediadores.

Este martes, Montemayor, quien se desempeñó como vocero de los mediadores, comunicó su decisión a Alejandro Poiré, coordinador de asesores de Gómez Mont, y hasta el cierre de esta edición no se conocía un cambio en la postura de la comisión.

Los integrantes de la comisión revelaron que la decisión fue tomada desde hace dos meses.