La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la ley de la policía federal, cuerpo que podrá realizar tareas de investigación sólo para prevenir delitos e intervenciones telefónicas hasta por seis meses, únicamente en casos de delincuencia organizada y exclusivamente cuando el Ministerio Público Federal (MPF) obtenga una autorización judicial.

Además, se establece que las autorizaciones de intervención telefónica sólo podrán obsequiarse al comisionado de la policía federal, quien será el responsable de dicha operación y deberá fundar la petición, el tipo de comunicaciones, los sujetos y lugares que serán investigados, así como el periodo en que se llevará a cabo. Y si de la información recabada se presume un delito, deberá informarlo al MPF para que inicie la averiguación previa.

La citada comisión incluyó un capítulo específico para el control judicial de las intervenciones telefónicas, que podrán ser presentadas ante un juez a más tardar en tres horas en casos de urgencia, y sólo cuando se trate de prevenir los siguientes delitos: evasión de presos, contra la salud, corrupción de menores o incapaces, pornografía de menores de edad, turismo sexual de menores, lenocinio, explotación del cuerpo de un menor de edad y contra el consumo.

También, para prevenir asaltos en carreteras y caminos, homicidios, secuestro, comercialización de objetos robados, sustracción o aprovechamiento ilegal de hidrocarburos, robo de vehículos, extorsión, lavado de dinero, contra el ambiente y tráfico de armas y órganos.

Al concluir el análisis a la iniciativa de Felipe Calderón, los legisladores terminaron por rechazar la propuesta presidencial de constituir una policía única bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública. Por el contrario, la comisión estableció que la policía federal –actualmente Policía Federal Preventiva– será un órgano desconcentrado de esa dependencia que para cumplir con su facultad de investigar, lo hará bajo la conducción y mando del Ministerio Público Federal.

La comisión determinó que la actuación de la policía federal deberá realizarse con respeto a los derechos humanos, ejercer el uso de la fuerza de manera racional y proporcional y dentro de los límites legales, y obliga a los policías a no ejercer o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden de sus superiores o se argumenten circunstancias especiales, como amenazas a la seguridad pública o urgencia de las investigaciones.

Inclusive, se define como responsabilidad de los policías federales denunciar inmediatamente ante la autoridad competente, cuando dentro de la corporación se cometan actos de tortura, y entre sus obligaciones está la de velar por la vida e integridad física de las personas detenidas y ponerlas a disposición de las autoridades sin demora.

El objetivo central de la policía federal es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Se le concede la atribución de realizar tareas de investigación preventiva, que se define como el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales previstas en la Constitución.

Para ello, podrá recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo, e inclusive utilizar agentes policiales sin uniforme en caso de que sea necesario.