La Contraloría General del Distrito Federal instrumentó 10 procedimientos administrativos en contra de 24 servidores públicos de la delegación Gustavo A. Madero, la procuraduría capitalina y las secretarías de Seguridad Pública y de Salud del Distrito Federal, de los cuales nueve han sido desahogados e impuesto sanciones que van desde la suspensión en funciones de 60 días hasta la inhabilitación por 20 años, dada su implicación en los sucesos ocurridos en la discoteca News Divine.

Lo anterior se desprende del informe que presentó ayer el contralor general Ricardo García Sainz durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en el que también se establece que las amonestaciones no han procedido aún, en virtud de que los presuntos responsables presentaron recursos de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que aún se encuentran en curso.

En la Gustavo A. Madero son 13 los servidores públicos involucrados, dos de los cuales fueron sancionados con destitución e inhabilitación por 20 años; tres más pertenecen a la SSP-DF, cuyos casos aún se encuentran en etapa de investigación; siete de la procuraduría capitalina, de los cuales seis han sido amonestados con suspensión en funciones por 60 días, así como inhabilitación de 10 a 20 años , y uno más de la Secretaría de Salud, a quien se le impuso destitución y inhabilitación por un periodo de cinco años.

En entrevista posterior, García Sainz se negó a dar los nombres de los involucrados, dado que se encuentra prohibido dar datos personales en la ley de transparencia, y se limitó a señalar que en el caso de Francisco Chiguil, ex jefe delegacional en Gustavo A. Madero, las investigaciones están abiertas, mientras Joel Ortega, ex titular de la SSP-DF, nunca ha estado sujeto a proceso.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró insuficientes y sin fundamento legal las explicaciones y los argumentos del GDF para rechazar la recomendación que el órgano encabezado por José Luis Soberanes emitió sobre la expropiación del inmueble en el que operaba la discoteca.

Consideró que el rechazo de las autoridades capitalinas a investigar lo que se solicita en la recomendación abre la puerta a la repetición de actos abusivos del poder y denota actitudes que obstaculizan, limitan y afectan la vigencia plena del estado de derecho.