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Tras valorar expedientes atrajo las pesquisas para determinar si hay tráfico de menores

Investigará la PGR desaparición de niños en La Casita del Sur

Se preparan reformas legales, institucionales y presupuestales para supervisar de mejor forma los albergues, anunció Ebrard

Se tomarán en cuenta las recomendaciones de la CDHDF, dijo

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Emilio Álvarez Icaza, presidente de la CDHDF, compareció ayer en la Asamblea LegislativaFoto Carlos Cisneros
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de abril de 2009, p. 39

La Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de de atracción y determinó que para conocer la verdad jurídica de los hechos en la investigación de los presuntos delitos cometidos en el albergue La Casita del Sur y, con el apoyo de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indagará el caso de los niños desaparecidos.

De acuerdo con información dada a conocer por la autoridad federal, de las averiguaciones previas integradas por la PGJDF se hizo un desglose a la PGR, a efecto de que valorara la posible comisión de delitos del fuero federal, y en un marco de plena colaboración e intercambio de información, se establecieron las conductas previstas en el Código Penal Federal que afectan a menores, no sólo en el Distrito Federal, sino en otras entidades federativas.

Por tal motivo, la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada solicitó a la PGJDF el expediente de las averiguaciones previas relacionadas con el caso de la niña Ilse Michel Curiel Martínez, para el esclarecimiento de la desaparición de menores y otras conductas del fuero federal que son un motivo de profunda preocupación para las autoridades locales y de la Federación.

Cabe recordar que derivado de una controversia de orden familiar, la menor Ilse Michel Curiel Martínez quedó en custodia del albergue La Casita del Sur. Un juez de lo familiar determinó otorgar la guardia y custodia de Ilse Michel a su abuela; sin embargo, la niña no fue encontrada en esa casa hogar y de las investigaciones ministeriales de las autoridades capitalinas se estableció la posible sustracción de otros menores.

En ese contexto, la PGR informó que con la plena colaboración de las autoridades capitalinas, el Ministerio Público de la Federación ha encontrado la posible comisión de ilícitos federales en perjuicio de niñas y niños, por lo que atrae el caso y solicitará información a otras procuradurías para saber si hay eventos similares y si se tipifica el delito de tráfico de menores y delincuencia organizada.

GDF prepara reformas

Por la mañana el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard Casaubon, adelantó que a fin de contar con mayores facultades para supervisar el funcionamiento de las casas hogar se prepara un paquete de reformas en materia legal, porque la ley es ahora difusa, institucional y presupuestal, el cual se dará a conocer la próxima semana.

Para tal motivo se integró un grupo de trabajo con la Consejería Jurídica, la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF-DF, que es el encargado de elaborar las propuestas.

Al ser cuestionado sobre la recomendación que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dirigió a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) locales, por el caso de la desaparición de cuando menos 11 niños y niñas del albergue La Casita del Sur (Reintegración Social AC), Ebrard Casaubon garantizó que éstas se tomarán en cuenta.

Al comparecer ante el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza, sostuvo que no sólo espera la aceptación del gobierno capitalino, sino que haya una actuación decidida y enérgica, primero, para que aparezcan los menores y se finquen responsabilidades, y segundo, para que la procuraduría capitalina cambie su política interna y proteja a niñas y niños.

Existe la necesidad de que se genere una política de supervisión y que suponga la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, el DIF-DF y la procuraduría, de manera que cada quien, de acuerdo con sus competencias, genere una serie de cambios normativos, administrativos y operativos para que este tipo de circunstancias no se repitan, refirió.