or primera vez en México, el ejercicio del presupuesto por parte de un Presidente de la República fue rechazado en la Cámara de Diputados.
Dicho de esa manera, puesto en blanco y negro, fríamente, sin mayores explicaciones, la decisión tomada el pasado miércoles por la mayoría de los diputados federales parecería un hecho inédito, digno de una sana tradición republicana y producto de la efectiva separación de los poderes públicos. Lamentablemente no es así.
La determinación de los legisladores no puede ser considerada ni como un hito histórico ni analizada con la profundidad y con la seriedad que el caso pudiera ameritar.
Lo cierto es que el rechazo de los diputados de oposición a las cuentas anuales del gobierno de Vicente Fox, correspondientes a los años 2002 y 2003, no dejó más que un fuerte tufo a revanchismo político con tintes electoreros.
Y es que, no obstante que el ejercicio de los presupuestos durante el sexenio de Vicente Fox estuvo envuelto en la sospecha y el escándalo, la colusión de los diputados de todas las bancadas opositoras en contra de las cuentas foxistas no podrá tener ya consecuencia jurídica alguna.
Las cuentas públicas de 2002 y 2003 fueron avaladas en su momento por las comisiones correspondientes de la cámara baja –de mayoría panista– y revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, instancia que durante el proceso fue acusada por la oposición de omisa
y maniobrera
. Es decir, la aprobación o desaprobación del pleno de los diputados a las cuentas anuales de los presupuestos no tiene mayor valor jurídico que el de un mero trámite legislativo, aunque su valor político, en estas fechas prelectorales, es innegable.
Para los legisladores de la oposición, el rechazo de las cuentas públicas significó el cobro de algunas facturas pendientes y un seco golpe mediático propinado no sólo a Vicente Fox, sino al PAN, a su dirigente nacional y a los gobiernos surgidos de ese partido.
Si bien el intenso ruido mediático que se generó con la visita del presidente estadunidense Barack Obama opacó y redujo los espacios informativos sobre la colusión opositora, ésta definitivamente sí logró, de algún modo, el efecto deseado. A unas cuantas semanas de que arranquen las campañas políticas, el mensaje emitido desde San Lázaro fue claro: en los gobiernos panistas hay corrupción
.
Según las notas y las crónicas periodísticas del día siguiente, fueron más de cuatro horas de una acalorada sesión en la que los diputados de la oposición, en particular del PRI y del PRD, no dejaron pasar la oportunidad y aprovecharon la ausencia de medio centenar de legisladores panistas para ganar las dos votaciones, que terminaron por provocar la ira de la bancada del blanquiazul y la preocupación de su dirigencia nacional.
Los panistas acusaron recibo. Hacia el interior del partido, los diputados ausentes se llevaron una fuerte reprimenda de sus dirigentes y la bancada en la Cámara de Diputados hizo publicar de inmediato un desplegado en el que, por principio, se refería a las limpias cuentas públicas de Vicente Fox
. Y luego daba una serie de explicaciones en las que, palabras más, palabras menos, señalaba que “… las cuentas públicas del presidente Fox ya fueron revisadas y solventadas en su totalidad”. El texto remataba afirmando: “… De los anteriores gobiernos, el de Fox ha sido el más transparente, honesto y el que mejores resultados ha entregado en beneficio de todos los mexicanos”.
Hoy, muchos mexicanos a los que el PAN alude en el desplegado no estarían dispuestos a meter las manos al fuego por la honestidad del ex mandatario, de su esposa y mucho menos aún de los hijos de ésta. Tampoco, es cierto, se atreverían a defender la honorabilidad de los gobiernos priístas del pasado ni del presente, ni de los perredistas de ahora.
El episodio ocurrido la semana pasada en San Lázaro no deja de ser curioso y, sobre todo, ventajoso para el PRI. Sin duda pasará a formar parte del anecdotario legislativo. Pero en definitiva no irá más allá. No tendrá las consecuencias jurídicas que, deseablemente, en cualquier régimen donde impera el estado de derecho, seguirían a la confirmación de irregularidades en el ejercicio de los dineros públicos.
