a negativa de las autoridades penitenciarias del estado de México para que integrantes de la Campaña Libertad y Justicia para Atenco visitaran ayer a presos políticos del penal de Molino de Flores, en Texcoco, constituye un hecho por demás ilustrativo del proceso de aislamiento que padecen los activistas atenquenses encarcelados tras las jornadas de violencia y barbarie policiaca que tuvieron lugar en la localidad mexiquense en mayo de 2006.

Es obligado recordar, por principio de cuentas, que los presos de Atenco son víctimas de un acto de represión y uso desmedido de la violencia por parte del Estado, que derivó, como han documentado diversos organismos defensores de derechos humanos, en homicidios, violaciones, golpizas, detenciones arbitrarias, incomunicaciones, allanamientos de morada y robo de pertenencias a manos de elementos policiacos estatales y federales. Los reclusos, la mayoría de los cuales se encuentra en el penal de Molino de Flores –Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo purgan sus sentencias en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya–, no sólo han tenido que enfrentar procesos irregulares y prolijos en abusos, lo mismo que la aplicación facciosa de las leyes –traducida en aberraciones jurídicas como la invención del delito de secuestro equiparado y en sentencias desproporcionadas y a todas luces injustas– sino además padecen en prisión la violación sistemática de sus garantías básicas, incluso aquellas de las que gozan secuestradores, narcotraficantes, asesinos y pederastas.

Este encarnizamiento de las autoridades para con los presos políticos contrasta con la impunidad que hasta ahora disfrutan quienes ordenaron y coordinaron el ataque policial contra la población que tuvo lugar los días 3 y 4 de mayo de 2006. Apenas en febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación selló la discusión en torno a esos episodios de represión y exoneró de toda responsabilidad, entre otros personajes, a funcionarios como el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien entonces era secretario de Seguridad Pública federal, para los que cabría presumir responsabilidad en los hechos, y quienes, por esa sencilla razón, tendrían que haber sido investigados.

Al día de hoy, en suma, tras la vergonzosa sentencia del máximo tribunal, la sociedad civil se ha convertido en el último reducto de defensa de los dirigentes y activistas atenquenses. La labor de grupos como los que articulan la Campaña Justicia y Libertad ha sido de suma importancia en tanto que espacio de expresiones solidarias hacia los presos políticos y de repudio a la impunidad, la injusticia y la represión.

En un momento en que en otras partes del mundo se asiste a una revalorización de la vida humana y de las garantías individuales, y cuando en otros países se han registrado en días recientes sentencias judiciales que reivindican un compromiso de las instituciones con la legalidad y, precisamente, con la justicia, como ocurrió la semana pasada en Perú con el fallo en contra de Alberto Fujimori, las autoridades mexicanas parecen empeñadas en transitar en sentido contrario y, con episodios como la absolución de Luis Echeverría por los actos de represión de 1968 y la preservación de la impunidad en Atenco, restan credibilidad a su supuesto compromiso con la ley y el estado de derecho, deterioran su imagen nacional e internacional y profundizan el proceso de descomposición que acusa la institucionalidad del país.