La Cámara de Diputados requirió al gobierno de Felipe Calderón entregar, a más tardar en tres semana, la información de los contratos de publicidad con medios de comunicación que haya firmado a partir de enero y hasta el final del proceso electoral de julio próximo.

Luego de concretar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para requerir copia de los documentos, el presidente de esa instancia legislativa, Javier González Garza, aseguró que la decisión tiene que ver con la inmensa propaganda que estamos viendo de parte del gobierno federal, desde la Presidencia de la República hasta los organismos federales.

El acuerdo plantea que el gobierno de Calderón debe entregar los contratos de la Presidencia, las secretarías de Estado, las dependencias federales y los organismos a su cargo. Esto último luego del escándalo suscitado por el intento de soborno de Miguel Ángel Jiménez Godínez, separado temporalmente de la dirección de la Lotería, a periódicos de Campeche.

González Garza dijo en entrevista que la Cámara hará un análisis de los contratos y sus montos. A mí me parece abusivo lo que pasa en términos del pago de propaganda de todo el aparato federal, y sería muy importante que todos los gobiernos estatales puedan dar a conocer los gastos que hacen, afirmó.

Javier González Garza, diputado por el partido del sol azteca, dijo que sería positivo que todos los gobiernos estatales difundan sus gastos en campañas de propagandaFoto Luis Humberto González

El legislador del PRD resaltó que se solicitó la información precisa para ver si está apegada a la reglamentación, sobre todo cuando se acerca el inicio de las campañas electorales para renovar seis gubernaturas e integrar la Cámara de Diputados.

Asimismo, la Junta de Coordinación Política aprobó exhortar al gobierno de Calderón para respetar el derecho a huelga que realizan los mineros de la empresa Mexicana de Cananea y se privilegie el diálogo para la resolución del conflicto.

Ante ello, la Cámara de Diputados también se pronunció en contra de la terminación de las relaciones laborales, individuales y colectivas, de los mil 200 trabajadores de la compañía minera, acordada por una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se expresó en contra del uso de la fuerza.

No queremos violencia en este ni en ningún momento del país, y menos por un conflicto obrero-patronal. La preocupación de la Cámara de Diputados está basada en lo que históricamente significan los conflictos en Cananea, afirmó.