La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados avanzó ayer en la definición de las facultades de la Policía Federal Preventiva (PFP), al indicar que sólo podrá realizar tareas de investigación para prevenir delitos y que los resultados de las averiguaciones no constituyan prueba porque recabar esa información corresponde al Ministerio Público.

Además, después de una fuerte discusión en la reunión de trabajo –a la que asistieron el comisionado de la PFP, Rodrigo Esparza Cristerna, y el responsable del departamento jurídico de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca– ayer se desechó del proyecto de dictamen el artículo 62, que pretendía proteger a agentes encubiertos aun cuando cometieran un delito.

La redacción propuesta por el presidente Felipe Calderón para expedir la Ley de la PFP decía: No se procederá penalmente contra los agentes encubiertos autorizados por las autoridades competentes, cuando por motivo del desempeño de sus actividades encubiertas cometan algún o algunos de los delitos previstos por esta legislación, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los códigos penales tanto federal como locales, así como los previstos en leyes especiales, y demás leyes aplicables. No aplica lo anterior, cuando el agente induzca o aliente a la comisión del delito.

Antes de que la mayoría en la comisión acordara retirar ese plan, pues consideraron que sería dar carta abierta a policías a que cometieran cualquier tipo de abuso, el comisionado Esparza Cristerna aseguró que los agentes encubiertos actuarían como en las series de televisión estadunidenses.

Asimismo, la comisión creó un grupo de trabajo y se declaró en sesión permanente para tratar de aprobar el dictamen este fin de semana, con el objetivo de armonizar las funciones de la PFP, luego de que el miércoles la Comisión de Gobernación rechazó la constitución de una policía única.

En este caso, además, se planteó suprimir la fracción III del artículo 2, pues el Ejecutivo propuso a la Cámara de Diputados que entre las funciones de la policía única estuviera la de la investigación de delitos bajo la conducción del Ministerio Público.

Se aceptó que la Secretaría de Seguridad Pública mantenga bajo sus órdenes a la Policía Federal Preventiva.

Durante la reunión, el Partido de la Revolución Democrática expresó su rechazo a las medidas propuestas por Calderón en las fracciones III a la X del artículo 42, pues se pretende que la PFP pueda requerir la identificación de cualquier persona, realizar revisiones corporales externas, forma de vestir, documentos, bultos, paquetes, equipajes o bolsas en cualquier sitio, así como revisar vehículos y todo tipo de bienes que se encuentren en lugares públicos, y colocar puntos de revisión e inclusive recabar la huella dactilar de los índices de las personas sujetas a revisión.