El pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer –por mayoría– cambios a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el fin de evitar que los líderes sociales o disidentes políticos sean sujetos de su aplicación, ya que organismos internacionales de derechos humanos han documentado casos de activistas que han sido acusados y encarcelados por delitos como secuestro, en referencia al caso de San Salvador Atenco.

La iniciativa, que fue presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), plantea que las disposiciones de la citada legislación no podrían aplicarse, en ningún caso, a líderes e integrantes de movimientos sociales o disidentes de un sistema político que, de manera legítima, se oponen a un régimen determinado, o bien que denuncian actos de corrupción de quienes ocupan el poder.

Por 320 votos en favor y dos abstenciones, se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo primero de la ley y se incluyó un primer párrafo al artículo dos para delinear la definición de delincuencia organizada, la cual consiste en la organización de tres o más personas para cometer un delito.

El dictamen señala que no es extraño que México tenga hoy en las prisiones a un gran número de defensores de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales y culturales, defensores del entorno ecológico, así como miembros de movimientos sociales. Y un ejemplo de ello, indica, es la sentencia de 67 años impuesta a los dirigentes de San Salvador Atenco.

En la sesión que comenzó al mediodía, también se aprobaron por 341 votos en favor y cuatro abstenciones, reformas a la ley que crea las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados, en la cual se señala que debe garantizarse un salario digno a los internos en el desempeño de sus labores, la promoción de la industria penitenciaria y adaptar espacios e instalaciones para el desempeño de estas actividades.

También se aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. El perredista Antonio Ortega, presidente de la Comisión de Vigilancia, dijo que con esta legislación –aprobada en lo general por mayoría– se abroga la de Fiscalización Superior de la Federación, incorpora nuevos sujetos de fiscalización, como los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Con esta nueva legislación se busca fortalecer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual podrá fincar responsabilidades resarcitorias a particulares que dañen la hacienda pública y el patrimonio nacional.