La Comisión de Justicia rechazó ayer, al aprobar la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), la propuesta del presidente Felipe Calderón de constituir una policía federal única al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, y en cambio acordó integrar una Policía Federal Ministerial, que se encargará de investigar los delitos y será auxiliar del Ministerio Público Federal.

Asimismo, se plantea dotar a la PGR de nuevas bases de organización y estructuración para ampliar su capacidad operativa y combatir con mayor fuerza al crimen organizado.

Al explicar el dictamen, el presidente de la comisión, César Camacho Quiroz, sostuvo que la PGR requiere de una reingeniería, una nueva visión y organización para cumplir eficientemente con sus funciones.

Recordó que la propuesta de Calderón de unificar la policía federal fue uno de los puntos que más debate provocó en la comisión, luego que la iniciativa se presentó en el contexto del desmantelamiento de la Agencia Federal de Investigación.

El dictamen establece que habrá una nueva estructura del Ministerio Público, basada en la especialización y coordinación regional que permitirá atender criterios objetivos de incidencia delictiva, circunstancias geográficas y nivel poblacional.

También se crea la figura de oficial ministerial de la PGR, que será a su vez auxiliar del Ministerio Público Federal, y se establecen requisitos más estrictos de ingreso y permanencia de los policías federales ministeriales, así como en materia de obligaciones, desarrollo policiaco y sanciones por infracciones.

Además se prevé constituir una Visitaduría General como órgano de evaluación de la actuación del Ministerio Público Federal, de agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos, así como de supervisión, inspección, fiscalización y control de los servidores públicos de la PGR.

Por otra parte, la comisión también reformó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal, para sancionar con cárcel de cinco a 12 años y sanción equivalente a 300 y 500 días de multa a los testigos protegidos que incurran en falsedad de declaraciones.

La reforma considera hasta una tercera parte de esas sanciones a los funcionarios que propicien declaraciones falsas de testigos protegidos, así como la destitución de su empleo, y la inhabilitación hasta por ocho años.