ara que la crisis la paguen quienes la provocaron y no –como siempre– las víctimas del sistema, es necesario que los trabajadores, los pobres, los oprimidos, tengan su propia organización para poder responder con sus exigencias a esa crisis económica capitalista y a la crisis política y moral que enfrenta el país. Es decir, es necesario que tengan una organización que responda a todas las corrientes empeñadas en la resistencia social, sin sectarismo alguno, y que sea capaz de unirlas en un sólido frente único, con plena autonomía del gobierno, de la Iglesia y de los partidos integrados en el Estado opresor.
Es necesario, así, construir un programa común basado en la solidaridad, la lucha contra las suspensiones, los despidos, los cierres de empresas, el encarecimiento de la vida, contra la corrupción y por la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales como bien común, organizando el combate por la restructuración de la economía y del territorio en función de las necesidades de la población y de la defensa del ambiente. La iniciativa debe surgir de la unión de las tendencias sindicales democráticas con nuevas organizaciones campesinas, indígenas y populares, y debe tener como base la acción.
Las clases dominantes tratan hoy de centrar toda la atención en el combate a esa rama particular del capital que es el narcotráfico (la cual no podría existir sin la ayuda del capital financiero y del secreto bancario, y sin la corrupción de los mismos que dicen combatirla) y en un proceso electoral del cual saldrá, cuando mucho, el mismo perro pero con distinto collar. Son campañas diversionistas para retardar lo más posible la organización de un frente social que los enfrente y derrote y, a la vez, son ejercicios de disputa entre los diversos grupos dominantes por arrancarse mutuamente jirones del poder que ejercen, todos juntos, sobre los dominados. No es de cuerdos, por tanto, querer castigar
al PAN votando por el PRI, que está aliado al blanquiazul en todo lo fundamental y es igualmente reaccionario y corrupto, o por los agentes de gobierno en el PRD. También en el campo absolutamente secundario del proceso electoral es necesario presentar una salida no capitalista independiente.
La crisis, por un lado, exige respuestas sociales urgentes, impostergables, que no pueden ser sólo defensivas sino que también deben servir para aumentar la autoconfianza y la conciencia de clase: si una empresa cierra o suspende, hay que ocuparla, como en Argentina o en la fábrica de puertas de Chicago, y hacerla producir bajo gestión de los trabajadores; si suspende, hay que distribuir las horas de trabajo entre todos para que todos trabajen, porque el derecho al trabajo –a la vida– está sobre el derecho de propiedad o sobre la disciplina vertical. Pero esas medidas no deben quedar libradas sólo a la capacidad y decisión de las víctimas de los cierres y suspensiones. Grandes grupos sociales no asalariados y pueblos enteros dependen de esas fuentes de trabajo y por eso pueden participar en mesas de resistencia y coordinación locales, constituidas por comités de empresa, ramas sindicales democráticas, asociaciones de vecinos, estudiantes que se hagan cargo de discutir la situación social y del abastecimiento, así como de las necesidades en su propio territorio, y de elaborar una lista de reivindicaciones básicas locales, integradas con las nacionales, como la defensa del petróleo y de la energía, agua para todos y la defensa de la economía alimentaria campesina para afirmar la seguridad y la soberanía alimentarias.
Esas mesas o comités podrían ser el eje de los poderes locales, en municipios o colonias obreras, para discutir en asambleas democráticas la reorganización de la economía y del territorio, y respaldar las luchas que, aisladas, por potentes que sean –como la de Atenco– no pueden triunfar por sí solas. Es hora de organizar, de coordinar, de federar, de dar verdadera vida al diálogo nacional en todas las regiones del país.
Esos poderes locales autónomos también pueden asegurar el orden en sus territorios –como la policía comunitaria en Guerrero– y aislar al narcotráfico, controlar de cerca a los ladrones y asaltantes. Frente a una situación de amplio descreimiento popular en las autoridades públicas, las instituciones gubernamentales y los partidos políticos hundidos en éstas y financiados por el Estado, las mesas coordinadoras podrían aparecer igualmente como referentes políticos. Incluso, como subproducto electoral de su lucha económica y política, podrían crear listas ad hoc para las elecciones municipales o parlamentarias y presentar candidatos propios para las gobernaciones en pugna. Si no fuesen reconocidas por la justicia electoral, su desarrollo y su campaña organizaría de todos modos a los trabajadores en forma independiente y daría fuerza política a la población, de modo que, llegado el acto de votar, podrían decidir masivamente un voto simbólico. Una gran cantidad de votos de este tipo dejaría visiblemente en el vacío a los PRIAN y a los chuchos varios al servicio del poder, mostrando la ilegitimidad de un aparato político que depende fundamentalmente de la compra de votos y del engaño, y no alcanza a movilizar sino a una minoría. Incluso en caso de no poder presentar listas únicas y de clase, la lucha diaria de las mesas no estaría desconectada del proceso electoral y en éste disputaría la hegemonía con las clases dominantes y sus partidos.
En el peor de los casos, si sólo pudiesen organizar un voto simbólico y programático masivo, la centralización de las conciencias y su expresión de clase independiente y autónoma constituiría un gran paso adelante para futuras luchas y daría un duro golpe a los causantes de la crisis.
