Setenta y cinco por ciento de policías municipales y estatales del país no tendrían capacidad para correr de manera constante o a paso acelerado más de 100 metros. Además, hay agentes de esas corporaciones que requieren apoyo sistemático, porque presentan trastornos sicológicos, señala el informe de resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se dio a conocer en marzo pasado.

En el documento, en el que se analizaron la gestión financiera y los resultados de los convenios y objetivos firmados en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), se menciona que si bien el pasado 2 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General del SNSP, la auditoría que aquí se presenta no deja de ser vigente, ya que, con base en un diagnóstico y evaluación de la policía preventiva, muestra resultados claros y concisos sobre las limitaciones, carencias y problemática que la afecta.

El informe resalta que en materia de inversión en seguridad pública en los estados y el Distrito Federal, en los últimos tres ejercicios fiscales hay una correlación inversa al comportamiento delictivo, ya que este último ha aumentado de manera continua y las aportaciones federales decrecieron en términos reales (7.2 por ciento) entre 2005 y 2007. Agrega: en los últimos años sólo se ha destinado a seguridad pública menos de uno por ciento de los recursos públicos federales. Si la comparación se hace con el total de impuestos que pagaron los contribuyentes en 2007, se tiene que la participación de esas erogaciones llegó a 2.3 por ciento, lo cual significa que se canaliza a la seguridad de los ciudadanos y su patrimonio una mínima parte de lo que pagan como impuestos.

En ese contexto, la ASF estimó que para cumplir los compromisos en materia de evaluación de control de confianza es imposible acatar los tiempos acordados por las autoridades que integran el SNSP, es decir, todas las secretarías de Seguridad Pública. En 2007 sólo se logró evaluar a 33 por ciento de los uniformados locales y en sólo tres de las siete pruebas comprometidas. Por lo que se refiere a la formación inicial de los nuevos agentes y a la especialización de los que están en activo, resulta que por la elevada rotación apenas 20 por ciento fue capacitado al ingresar y los que se especializaron fueron 9.5 por ciento del total.

En materia de dotación de armas a todos los policías municipales y estatales, resultó que el estado de México fue el único que cumplió; sin embargo, alcanzar esa meta planteada durante el gobierno de Felipe Calderón requeriría 20 años sólo de la policía preventiva, ya que de las 31 entidades federativas 17 no programaron ni adquirieron armamento.

“En relación con el Sistema Nacional de Información (SNI), no pudo hacerse una evaluación puntual sobre el avance del cumplimiento de los objetivos a largo plazo, en virtud de que en la mayoría de las entidades federativas fiscalizadas se detectó que no se han creado las bases técnicas suficientes y adecuadas para consolidar dicho sistema, ya que por un lado el registro de personal de seguridad pública muestra rezagos respecto de su inscripción en el sistema, de entre tres y nueve meses, y por otro existen errores en la captura por personal responsable de efectuar esta actividad. Además, hay insuficiencia de equipo informático que permita la eficiente captura de los datos y algunas entidades sufrieron desastres naturales, por lo que se perdieron los archivos documentales.

Por lo anterior, dada la carencia de equipos que apoyen a las instancias administrativas y al personal operativo para utilizar la información del SNI, se puede afirmar que a 13 años de haberse creado ese instrumento aún no se ha logrado la cobertura nacional que se requiere, afirma el documento de la ASF.

Así, por lo que se refiere a la organización y experiencia de los mandos policiacos, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la experiencia de 20 secretarios de Seguridad promedió 10.9 años, siendo la menor antigüedad de sólo un año y la mayor de 42. Por lo que respecta al perfil profesional, señala: un médico veterinario, un licenciado en relaciones exteriores, un licenciado en derecho internacional, un ingeniero electricista, dos con maestría en derecho, cuatro generales y ocho licenciados en derecho. Dos cuentan con carrera trunca.

El organismo concluyó en ese apartado que, en términos de especialidad en seguridad pública, el personal idóneo serían los seis militares y los dos profesionistas que cuentan con grado de maestría en seguridad pública.

En cuanto al peso de los policías, la Auditoría Superior estimó que el promedio nacional es de 79 kilogramos, lo cual resulta superior en más de 10 kilogramos al peso ideal. En ese contexto, el organismo subraya que de los 61 mil 728 elementos clínicamente evaluados, 70 por ciento reportó algún tipo de padecimiento, como obesidad, hipercolesterolomía, diabetes, hipertensión y problemas visuales, entre otros.