Si se expide el decreto de la Ley Federal de Protección a los Derechos de los Pasajeros del Transporte Aéreo existe el riesgo de que se pierdan miles de empleos en el sector aeronáutico nacional, por lo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados rechazó este proyecto.

Así lo informó Tomás del Toro, presidente de dicha comisión y líder de la Federación de Sindicatos del Sector Aéreo; además, sostuvo que ya se han perdido más de 6 mil empleos, situación que se agravaría con la nueva ley.

Puntualizó que las modificaciones que plantea dicho ordenamiento lesionan la estabilidad y vialidad de las fuentes de empleo, pues provocarán impactos económicos para las empresas y los costos fijos por indemnización de equipaje se elevarían 16 por ciento.

Explicó que la minuta que envió la Cámara de Senadores, compuesta de 32 artículos desglosados en tres capítulos –disposiciones generales, derechos de los pasajeros y sanciones–, contiene inconsistencias y supuestos que, lejos de mejorar el desarrollo de la industria aérea, empeorarían su viabilidad financiera y operativa.

Sin sustento legal

Asimismo, la mayor parte de lo que se intenta regular ya existe en el marco jurídico nacional e internacional, y agrega derechos adicionales para los pasajeros, sin que esto tenga ningún sustento legal. A manera de ejemplo, expuso que se incluye a pasajeros internacionales, lo cual provocará un conflicto de leyes y dejaría en entredicho los convenios binacionales en la materia.

Del Toro, quien además es secretario general del Sindicato Independencia, sostuvo que de aprobarse el decreto de ley, se pondría en jaque a la industria aérea comercial, debido a las sanciones económicas que se pretenden imponer, las cuales van desde el rembolso de 25 por ciento del costo de un boleto aéreo hasta la totalidad de su valor, así como alojamiento, alimentación y transportación gratuita de los pasajeros, lo que incrementaría en 300 por ciento el costo fijo de las aerolíneas.

En su opinión, las imposiciones y la responsabilidad que se planea aplicar a los transportistas aéreos por supuestas omisiones con los viajeros son excesivas.

Indicó que los incumplimientos de las aerolíneas ya están incluidos en otros ordenamientos, y que una ley en esos términos además las dejaría en un estado de indefensión, pues lejos de que se cumplan a cabalidad los derechos de los pasajeros, la ley podría prestarse a confusiones o abusos.