Monterrey, NL, 7 de abril. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra, informó que un equipo de abogados del órgano legislativo apoyará con asesoría legal a familiares de más de 40 personas que han sido víctimas de secuestros y “levantones oficiales” en Nuevo León, durante los últimos dos años.

Entre los desaparecidos destacan 32 trabajadores petroleros de Cadereyta, incluido el dirigente de la sección 49 del sindicato de Petróleos Mexicanos, Hilario Vega Zamarripa, quien este martes celebraría su cumpleaños y, como la mayoría de sus compañeros de la seccional, fue levantado.

Además, tres oficiales de tránsito del municipio de Monterrey están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2008, y hace dos meses fueron dados de baja por el ayuntamiento capitalino panista –y sus familias perdieron el sustento– con el argumento de que no se han presentado a trabajar.

También destaca el caso de Gustavo Castañeda Puentes, programador analista que junto con otras dos personas fue detenido por policías municipales de Monterrey el 26 de febrero pasado. Pese a que hay testigos de que quienes lo detuvieron eran preventivos que viajaban en las patrullas marcadas con los números 534, 538 y 540, la procuraduría de Nuevo León no avanza en las pesquisas, o al menos nada ha informado a los familiares.

Ibarra de Piedra, coordinadora nacional del comité Eureka, que exige la presentación de desaparecidos políticos de las décadas de 1970 y 1980 –el cual recuperó con vida a 148 víctimas de la represión institucional–, acompañó en una protesta a familiares a los desaparecidos de 2006 a la fecha.

La senadora consideró que los tres niveles de gobierno, así como el Ejército Mexicano, son responsables de los secuestros y levantones”, pero ahora las autoridades quieren culpar de estos actos al crimen organizado y, aunque algunas desapariciones fueran obra de delincuentes, corresponde al Estado ofrecer seguridad a la población.

“ Ahora dicen levantones; es el crimen organizado. Esos secuestros nosotros los conocemos desde 1969”, señaló Ibarra. Responsabilizamos a las policías de cada estado y al Ejército Mexicano, el cual el propio gobierno ha denigrado al sacarlo de los cuarteles y cumpliendo misiones que no le corresponden.

Rosario Ibarra sostuvo que el Ejército Mexicano ha sido denigrado desde del 2 de octubre de 1968, cuando le hicieron un daño terrible al usarlo para reprimir protestas de estudiantes y ciudadanos en general.