La contaminación transgénica del maíz hiere la identidad de los pueblos mesoamericanos, atenta contra 10 mil años de agricultura, representa un ataque frontal contra los pueblos originarios y campesinos y viola sus derechos, señaló la Red en Defensa del Maíz en un pronunciamiento sobre la autorización que ha dado el gobierno federal para que se cultiven esos productos.

El pasado 6 de marzo, en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio luz verde al cultivo experimental de transgénicos, después de lo cual se prevé que se otorgarán permisos comerciales. Ese hecho es un crimen histórico contra los pueblos del maíz, la biodiversidad y la soberanía alimentaria, manifestó la red, que agrupa a organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambientales, de educación popular, de base, comunidades eclesiales, grupos de productores e integrantes de movimientos urbanos, académicos y científicos.

Recordó que México es centro de origen y diversidad de ese grano. Hasta el momento, explicó, se han reconocido 59 razas y miles de variedades, las cuales serán contaminadas. Subrayó que han sido los pueblos indígenas y campesinos los que han creado y mantienen el tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que dependen la alimentación humana y animal en el planeta.

El impacto en la salud

Frente al hecho de que esa semilla es alimento básico de los mexicanos, no se ha evaluado el consumo cotidiano y en grandes cantidades de transgénicos. Hay estudios científicos que, analizando un consumo menor, reportan alergias y otros impactos en la salud humana y de los animales alimentados con organismos genéticamente modificados, aseveró.

Esos productos, continuó, no sirven para la agricultura campesina ni para la orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas. Además, son una amenaza para la producción orgánica, que perderá su nicho de mercado.

Cabe recordar que la contaminación transgénica, cuyos primeros casos se presentaron en 2001 en la sierra Norte de Oaxaca y en Puebla, fue corroborada el año pasado en un estudio del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual también reveló que es imposible la coexistencia entre cultivos tradicionales y genéticamente modificados, ya que los primeros terminarán afectados. La infección, sostiene, también se da en almacenes, transportes e industrias.

La red asentó que todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y controladas por seis multinacionales: Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y Basf. Esto provoca una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales, y criminalizan a las víctimas de contaminación.

Aunado a ello, las variedades del grano genéticamente modificado que se propone sembrar en el país no resuelven los problemas de la agricultura mexicana. Son más caras y no aumentan los rendimientos, los cuales a veces disminuyen, a menos que exista una fuerte incidencia de plagas, que no son frecuentes en México. Además se utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt de manera constante, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlase con otros químicos.

Advirtió: no permitiremos que se pierdan nuestras semillas y que se contaminen por transgenes. No acataremos leyes injustas que criminalizan los granos y la vida campesina. Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los pueblos.

Responsabilizaron de las pérdidas y daños a ese grano mexicano a las corporaciones productoras de transgénicos; al Poder Legislativo –que aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados en favor de dichas empresas–, al gobierno federal y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, que son los responsables de las medidas finales para eliminar toda protección legal al maíz.

Expresaron su rechazo el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, porque es un pretexto para eliminar las semillas campesinas. Llamaron a la población a exigir que todos los alimentos que se consumen diariamente garanticen estar libres de transgénicos, y a todas las comunidades y pueblos indígenas a defender los granos nativos y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz genéticamente modificado.

También demandaron que organizaciones internacionales expresen su condena al gobierno mexicano por esa violación a los derechos ancestrales de los campesinos.