l nombramiento de Alonso Lujambio como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en sustitución de Josefina Vázquez Mota, tendría que ser visto como oportunidad de contrarrestar algunos de los lastres que afectan a esa dependencia. Para empezar, es necesario restituir al sistema de enseñanza pública la prioridad que ha perdido a consecuencia del abandono y las carencias presupuestales impuestas por los sucesivos gobiernos neoliberales desde hace cuando menos cinco lustros, lapso en el que, como parte del empeño irracional por reducir el Estado a su mínima expresión y trasladar las potestades del sector público a la iniciativa privada, los gobernantes han abdicado de sus obligaciones constitucionales en materia de empleo, salud y educación.

En consecuencia, las autoridades han hecho caso omiso de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el sentido de destinar entre 7 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al terreno educativo y de la investigación. Significativamente, de acuerdo con un informe reciente de la Auditoría Superior de la Federación, de mantenerse la actual tendencia en el gasto público, apenas en el año 2056 el país alcanzaría la meta recomendada por la UNESCO (La Jornada, 17/3/09).

De tal forma, uno de los principales de-safíos de Lujambio en la conducción de la política educativa del país será luchar contra las inercias de las recientes administraciones federales, incluida la calderonista, y conseguir una dignificación presupuestal para la educación pública en México. Esta tarea resulta particularmente necesaria en una coyuntura como la que se vive en la actualidad, cuando la educación debiera ser vista por las autoridades, ante todo, como un potenciador de la recuperación económica y del incremento de la competitividad nacional. Asimismo, en una circunstancia en la que se prevé un incremento masivo en la demanda de lugares en los planteles educativos a cargo del Estado, la ampliación y el mejoramiento del sistema de educación pública se presentan como medidas de obvia necesidad ante la necesidad de seguir atendiendo a los estudiantes de escasos recursos –la gran mayoría–, recibir a los que lleguen de las instituciones privadas y ayudar a contener, de esa manera, las presiones sociales que pudieran surgir ante el recrudecimiento de la presente crisis económica.

Pero el mayor desafío para el nuevo titular de la SEP consiste en limitar el desmesurado y anómalo control que ejerce en la institución la cúpula sindical corrupta y antidemocrática que encabeza Elba Esther Gordillo, a quien el propio jefe del Ejecutivo ha entregado, en el actual ciclo de gobierno, enormes cuotas de poder en pago de facturas por sus servicios, primordialmente electorales y de contención política.

La falta de transparencia y el patrimonialismo con que se conduce la dirigente vitalicia del sindicato magisterial constituyen hoy lastres fundamentales para el desarrollo de la educación en el país, y resulta obligado, por tanto, avanzar en el desmantelamiento de mecanismos que tienden a incrementar su poder e influencia. Al respecto, es impostergable la desaparición de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, pacto que estipula la entrega de atribuciones indebidas y cuantiosos recursos económicos al grupo gordillista –lo que acentúa la corrupción que impera en el manejo de la educación pública– y que constituye, además, un potencial detonador de conflictos políticos y sociales como el que protagonizó en meses pasados el magisterio disidente de Morelos.

En suma, el relevo en el gabinete calderonista anunciado ayer se presenta en un escenario en el que la precaria situación de la educación pública requiere de transformaciones mucho más profundas: la reorientación de las prioridades del actual gobierno, el diseño de una política de desarrollo que conciba a la educación a cargo del Estado como uno de sus ejes centrales, y el compromiso de las autoridades con un combate frontal y efectivo contra la corrupción que representa la cúpula corporativa del SNTE.