Las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) aprobadas el año pasado permitieron que Ramón Alcides Magaña, El Metro, uno de los principales operadores del extinto Amado Carrillo Fuentes –fundador del cártel de Juárez–, ganara ayer una importante batalla jurídica a la Procuraduría General de la República (PGR).

El capo de la droga –a quien el gobierno de Estados Unidos vincula con el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid– consiguió que un tribunal federal cancelara una sentencia de 47 años de prisión en su contra, porque el Ministerio Público Federal utilizó en sus conclusiones acusatorias un concepto de redacción que fue retirado del artículo dos de la LFDO.

La PGR acusó desde un principio, y después lo reiteró en el proceso penal, que en diversas ocasiones El Metro acordó organizarse con más de tres personas para delinquir, cuando la porción normativa acordar fue retirada del citado artículo en la reciente reforma del gobierno de Felipe Calderón en materia de seguridad pública.

A partir de esa modificación, el ilícito de delincuencia organizada sólo se tipifica cuando la autoridad ministerial demuestre que tres o más sujetos se reunieron de manera reiterada para organizarse en la comisión de cualquiera de las violaciones a la ley tipificadas en ese rubro, como secuestro, narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo.

Ahora la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada deberá aclarar la duda expresada por el tribunal de alzada en el juzgado quinto de distrito de procesos penales, para que la juez de primera instancia emita una nueva sentencia con plena libertad de jurisdicción.

En días próximos el expediente regresará al juzgado quinto de distrito para que se reponga el procedimiento y se reanude el juicio.

El año pasado la juez federal Olga Sánchez Contreras sentenció a El Metro a 30 años de prisión y le impuso 12 mil 700 días de salario mínimo de multa por el ilícito de delincuencia organizada; también lo condenó a 17 años y seis meses de prisión y 300 días de minisalarios de multa por ser responsable de delitos contra la salud.

Según la acusación de la PGR, Alcides Magaña se dedicaba al tráfico y la introducción de cocaína a México procedente de Colombia, la cual era transportada vía aérea y se descargaba en un puerto cercano a Chetumal, Quintana Roo, donde era recogida en lanchas y pangas.

Alcides Magaña contactó en la década de los 90 al entonces gobernador Mario Villanueva, quien le allanó el camino con el fin de que cometiera sin problemas sus labores delictivas para el cártel que encabezaba Amado Carrillo, El señor de los cielos.

Las reuniones entre El Metro, Villanueva y otros narcotraficantes se realizaban en hoteles de gran turismo de Cancún.

Las imputaciones contra Ramón Alcides las hicieron testigos que aseguraron a la PGR que sabían, por terceras personas, que El Metro era el principal lugarteniente de Amado Carrillo.