El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) volvió a multar al Partido Verde Ecologista (PVEM), en esta ocasión con 10 millones de pesos, por persistir en la compra ilegal de promocionales de contenido propagandístico, pretendiéndolos hacerlos pasar por informes de legisladores.

Igualmente ordenó no volver a transmitir este tipo de espots, para lo cual instruyó a las televisoras a no firmar contratos para difundir mensajes de contenidos similares, al tiempo que se dio vista a la Unidad de Fiscalización del IFE y a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, a propuesta de algunos consejeros como Alfredo Figueroa y Macarita Elizondo, se incrementó cuatro veces el monto de la sanción, ya vez que en el dictamen presentado sólo se preveía una sanción por 65 espots y no por los 242 que fueron contratados.

Por ello, la multa original de 2.5 millones de pesos se elevó a 10 millones, con lo que suma ya casi 20 millones el monto por la sanción a este partido ante la reiterada violación de la ley, en virtud de que anteriormente se le aplicaron 9.5 millones de pesos por una causa similar.

De nueva cuenta divididos, la sanción fue aprobada por cinco votos, puesto que el PVEM otra vez contó con el respaldo de los cuatro consejeros que llegaron o se mantuvieron en su cargo por el apoyo del PRI –Marco Antonio Gómez, Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y Virgilio Andrade– y que avalaron la contratación de los espots que ahora fueron pagados por la fracción parlamentaria del PVEM.

La consejera Macarita Elizondo insistió en que mientras subsista el propósito principal de influir en la ciudadanía a favor de ese partido, los mensajes deberán considerarse en la categoría de propaganda político electoral.

En su momento, el representante del Verde, Arturo Escobar, indicó que en los espots del grupo parlamentario no se hace referencia de alguna forma o sentido, ni a pedir el voto, ni a utilizar a precandidatos o candidatos en la difusión. Son diputados federales difundiendo informes, por lo que cualquier interpretación a violaciones al artículo 134 constitucional tiene base equivocada.

El ecologista tuvo el amplio respaldo del consejero Gómez Alcántar quien en una larga exposición sostuvo que los espots aluden a informes y no a propaganda, por lo que no puede ser considerada como tal ni mucho menos puede regulada como propaganda. Descalificó el dictamen de la secretaría ejecutiva por pretender legislar en materia del artículo 134 constitucional; contradecir los argumentos de la sanción de 9 .5 millones de pesos en torno al origen de los recursos que financian la compra de espots, y por confundir el manejo imparcial del uso de recursos públicos.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros se pronunciaron en contra de sus argumentos, entre ellos el presidente Leonardo Valdés, quien subrayó que los promocionales de la coordinadora parlamentaria ecologista, Gloria Lavara, eran violatorios de la Constitución.

En el mismo sentido se pronunciaron Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Arturo Sánchez y Elizondo, quienes pugnaron por incrementar la sanción al PVEM por considerar que el monto estaba mal sustentado, pues sólo reconocía la existencia de 65 mensajes ilegales. Figueroa destacó, como parte de los elementos que llevaron a la convicción de la ilegalidad, que la Cámara de Diputados comunicó no haber ordenado la difusión de estos promocionales y que no conocía los informes de labores de los diputados ecologistas.