El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que entregue los documentos presentados por la empresa Servicios Aéreos Estrella para adjudicarse la licitación mediante la cual obtuvo el servicio de mantenimiento del Learjet 45 en el cual perdieron la vida el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y otros funcionarios públicos.

En la instrucción también se le ordena entregar el historial del mantenimiento, los boletines que garantizan el otorgamiento del servicio, las directivas aplicables a la aeronave, así como las características y la vigencia de la garantía.

Cabe destacar que por primera ocasión el IFAI agrega en los expedientes de resolución 537/09 y 542/09 una cláusula de verificación que obliga al Cisen y al órgano interno de control de ese centro a acudir al instituto para que conozcan la resolución y cumplan con la entrega de la documentación referida.

Tal cláusula se estableció porque el Cisen se mantenía en la negativa de entregar los documentos, bajo el supuesto de que se lleva a cabo una investigación de las causas del accidente.

De acuerdo con la ponencia del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien resolvió el recurso interpuesto por el ciudadano José Luis Moyá, quien ha realizado el mayor número de solicitudes ante ese instituto, el Cisen se negó a entregar la documentación referida, aun cuando su carácter es público.

El Cisen alegó en forma reiterada que los documentos no se podían entregar, porque forman parte de la auditoría 22/08 que inició la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control de ese centro, en torno a la licitación que obtuvo Servicios Aéreos Estrella y los servicios de mantenimiento que realizó al Learjet 45.

Así, el centro de inteligencia se escudó en el hecho de que los documentos están clasificados, con el objeto de verificar los registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a las operaciones financieras y presupuestarias de la licitación pública internacional número 04100001-035-03.

Además arguyó que no tenía acceso de manera física a la documentación, por encontrarse en poder del órgano interno de control. Pero además dijo que si tuviera la documentación, tampoco la entregaría por mantenerla reservada.

No obstante, se advierte en la resolución que por ley esos documentos son de carácter público, además de que conocer su contenido no revela las recomendaciones del proceso deliberativo que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública.