Representantes del Comité del 68, Amnistía Internacional (AI) y la senadora Rosario Ibarra deploraron la resolución judicial que exonera al ex presidente Luis Echeverría de responsabilidad en la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ya que es ejemplo del clima de impunidad que hay en México.

La gran ausente de México sigue siendo la justicia, porque no se le ve por ninguna parte, resaltó Ibarra, dirigente del Comité Eureka. Para ella, Echeverría debe ser juzgado también por los cientos de desaparecidos políticos durante su sexenio.

Por su parte, el dirigente del Comité del 68, Raúl Álvarez Garín, desmintió la versión difundida por Juan Velázquez, abogado de Echeverría, de que éste puede salir de su casa, ya que –explicó– la sentencia que lo exculpa del crimen estudiantil surtirá efecto hasta que forme parte del expediente.

Álvarez Garín exigió a los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito que expliquen públicamente las consideraciones hechas para llegar a la conclusión de que Echeverría es inocente de genocidio por los hechos del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas.

Destacó que conforme a lo difundido, parece que los juzgadores se limitaron a retomar los criterios del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien concedió el amparo al ex mandatario con el argumento de que no hay pruebas para culparlo de lo ocurrido en Tlatelolco. “De especial gravedad y significación política es que en este momento ese magistrado está sujeto a un proceso disciplinario de la Judicatura por dos resoluciones muy controvertidas, ya que dejó en libertad a Archibaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y al secuestrador Maldonado Leza”, dijo.

Integrante del Consejo Nacional de Huelga del movimiento estudiantil de 1968, informó que una vez agotadas las instancias nacionales, sobre todo si prevalece la impunidad, el caso Echeverría será llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entrevistada por separado, la senadora Rosario Ibarra destacó que de poco serviría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exoneró a los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y del estado de México, Enrique Peña Nieto, a pesar de la represión contra movimientos sociales.

Absolver a Echeverría –insistió– es desconocer la lucha popular, pero en el caso del ex presidente no se ha dicho la última palabra, porque falta que lo enjuicien por los desaparecidos políticos, que son más de 300.