Diputados del PRD criticaron la determinación de exonerar al ex presidente Luis Echeverría del delito de genocidio, porque “manifiesta la connivencia entre el PRI, el gobierno de Felipe Calderón y el Poder Judicial.

El sistema de justicia es elitista, protege a presidentes, ex presidentes y funcionarios de toda índole y da la espalda a los ciudadanos. Es una afrenta y la herida sigue sangrando, advirtieron.

Juan Guerra Ochoa la emprendió contra lo que representa la determinación del quinto tribunal colegiado en materia penal, porque “es cuestionable y lamentable que la justicia en México siga siendo inaccesible para las víctimas y que los órganos encargados de proveer seguridad a los ciudadanos tengan más interés en exonerar a responsables, como Luis Echeverría, que a comprometerse con la historia y la ética.

–¿Cómo queda la credibilidad del sistema de justicia?

–Se le pone en tela de juicio. ¡Es una mierda!, porque no se hace justicia a los mexicanos más pobres, lo que deja abierta la herida y es una afrenta, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Para el también perredista Alfonso Suárez del Real, es condenable que el Ministerio Público, que falló en ser representante de la sociedad, es el que exigió que se aplicara una sanción por el delito de lesa humanidad, y también el juez que giró la orden que fue motivo del amparo.

Yo estaré exigiendo que se finquen responsabilidades tanto al juez que giró esa orden de formal prisión, como al Ministerio Público que no hizo lo que debía para acreditar fehacientemente que el amparo era improcedente. Me parece que en este momento es de graves consecuencias esta situación, porque si se habla de procesos de reconciliación entre la sociedad mexicana, esta determinación, que se está dando por deficiencias de un juez y de un agente del Ministerio Público, vuelve a abrir esa herida profunda que es el genocidio de 1968.

–¿Cómo va a proceder para fincar responsabilidades a los jueces?

–Tenemos los instrumentos y los procedimientos para llegar ante la Judicatura y los órganos internos de control para que se hagan los análisis de desempeño. Si hubo deficiencias, que quien las cometió pague por ello, y si además fueron deliberadas, estamos hablando de delitos más graves. Como siempre, parto del principio de la presunción de inocencia aunque, lamentablemente, para el caso que nos atañe, es evidente que la presunción de inocencia de Echeverría quedó desvirtuada con hechos, dichos y acciones, pero la falta de un seguimiento puntual y de aportación de los elementos necesarios, no permitieron que este auto de formal prisión o arraigo, que era la alternativa que se estaba dando, se pudiera acreditar fehacientemente, por lo que prosperó el amparo promovido por el representante legal del ex presidente.

–¿Esta determinación de la justicia es inatacable?

–Es muy grave.

–¿Se cierra el capítulo, jurídicamente hablando?

–Pero históricamente no. La verdad histórica ha prevalecido a lo largo de los años y ha demostrado que hubo responsabilidad de funcionarios en lo que conocemos como genocidio de 1968 y, como se dice, ni todas las aguas de los océanos podrán lavar ese gravísimo crimen.

–La fiscalía especial que se creó para estos temas, ¿fue un rotundo fracaso?

–Dejó mucho que desear, si bien es cierto que aportó documentación importante, gracias a la apertura de los archivos correspondientes, de los cuales, fue el grupo del 68 el que les dio el uso que nos permitió conocer con mayor profundidad los recovecos de una situación tan delicada como la que vivió México en ese año. Definitivamente, a la fiscalía se le conoce por los excesos en sus gastos, y el papel del ex fiscal dejó muchísimo que desear.