La comisión de magistrados encargada de investigar la presunta grave violación de garantías individuales en Oaxaca, durante el periodo del primero de mayo de 2006 a enero de 2007, y el 16 de julio de 2007, entregó ayer su informe al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que no califica la legalidad en la actuación de las autoridades federales, estatales, y municipales involucradas en los hechos.

Los magistrados destacaron que debe tomarse en cuenta el impacto que genera el régimen competencial entre la Federación y el estado de Oaxaca en lo relativo a la asignación de recursos en materia educativa a partir de la denominada federalización de la educación en 1992.

Esto, porque el análisis de esta serie de factores que contextualizan el conflicto permite entender por qué en el año 2006 una petición del magisterio oaxaqueño presentada al gobierno del estado desemboca en los hechos materia de la investigación.

El documento, que servirá de base para que el ministro Mariano Azuela Güitrón –quien concluye su cargo el 30 de noviembre próximo– elabore el dictamen definitivo sobre el tema, tampoco adjudica responsabilidades, sino que únicamente se identifica a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales.

Los magistrados Manuel Baráibar Constantino y Roberto Lara Hernández concluyeron de esta forma los trabajos iniciados el primero de septiembre de 2007 con un documento que consta de 39 tomos, que incluye mil fotografías y mil 780 imágenes de notas periodísticas sobre los hechos en los que los integrantes de la APPO denunciaron la violación de, entre otros, el derecho a la vida e integridad corporal, a la libertad personal, a la propiedad privada y a la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

En apego a las disposiciones establecidas por el pleno los magistrados dieron a conocer que su indagatoria no tiene nada que ver con la que en su momento llevó a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ni con las realizadas por la Procuraduría General de la República y la del estado de Oaxaca, sino que se centró en indagar el origen de los acontecimientos que alteraron el orden público y la seguridad en la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada.

Para tal efecto se investigó la violación de diversos derechos, denunciada, principalmente, por la Asamblea Popular del Pueblos de Oaxaca y maestros de la entidad; así como la probable violación generalizada de garantías individuales, particularmente las de libre tránsito, de trabajo y el derecho a la información; así como los probables excesos de las fuerzas policiacas federales, estatales y municipales.

Además, probables omisiones o pasividad de las autoridades de los tres niveles para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en las zonas afectadas.

El informe, del cual los magistrados hicieron un sucinto resumen, divide la investigación en cuatro aspectos centrales:

El primero de mayo de 2006, cuando la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presenta su pliego de demandas, hasta el 13 de junio de ese año, cuando inicia un plantón indefinido en el centro de la capital del estado y la suspensión de clases de educación básica en toda la entidad.

El rompimiento de negociaciones entre el gobierno estatal y los grupos inconformes, que va del 14 de junio al 28 de octubre, durante el cual se constituye la APPO y se aprueban algunas medidas de distensión.

A partir del 28 de octubre, el despliegue de fuerzas federales con el fin de restablecer el orden, la seguridad pública y la paz social y con ello el despliegue de varios operativos hasta el 24 de enero de 2007, hasta que la autoridad retoma la función de brindar seguridad pública a la comunidad.

Y, por último, lo ocurrido el 16 de julio de 2007, fecha en que se realiza la Guelaguetza.

En total, la comisión obtuvo 151 informes de las autoridades de los tres niveles, realizó 426 entrevistas con prácticamente todos los actores involucrados para integrar un archivo total de 418 tomos y 217 mil 77 cuartillas.