Las agresiones en el país contra los defensores de derechos humanos se han intensificado en la actual administración. Por ejemplo, en lo que va del año en Guerrero dejaron de haber condiciones mínimas necesarias para que los activistas realicen sus labores, denunció más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa precisaron que ante la ausencia de garantías mínimas ofrecidas por autoridades del gobierno guerrerense para que los defensores realicen sus actividades sin ser intimidados ni agredidos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan decidió cerrar sus instalaciones. Es la primera vez, afirmaron, que ocurre esta situación en el país.

Informaron que en las semanas recientes han ocurrido amenazas de muerte, persecución y llamadas intimidatorias contra miembros de organizaciones no gubernamentales y familiares de los defensores que fueron ejecutados, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, cuyos asesinatos permanecen en la impunidad.

Precisaron que a partir de esas ejecuciones, los actos de intimidación, persecución y amenazas se han intensificado en la entidad, al grado de que el pasado martes 17 y viernes 20 de este mes la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como defensora.

“Contundentemente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada, como sucedió con otros dirigentes”, denunciaron redes, comisiones, institutos, comités, fundaciones y frentes, entre otros organismos defensores de derechos humanos.

Sostuvieron que la situación en Guerrero ha llegado a tal grado que Amnistía Internacional (AI) y Human Rights se sumaron al llamado, además de que AI y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas preparan por separado informes de investigación sobre la situación de los defensores del país.

Precisaron que ayer entregaron a la embajada de Estados Unidos en México un informe de la situación de los derechos humanos en el país, el cual buscan que lo reciba la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

Esto, aclaró Darío Ramírez, director de Artículo 19, en aras de que toda la agenda de seguridad que se va a tocar con el gobierno mexicano se aborde el tema de los defensores.