Las comisiones que analizan la iniciativa sobre la ley de extinción de dominio en la Cámara de Senadores avanzan en la elaboración del dictamen respectivo. Ayer lograron acuerdos sobre 22 artículos, que en los hechos representan avances en 28, ya que al resolver alguunos tienen repercusiones en dos o tres más.

El senador priísta Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, manifestó que se ha avanzado en la elaboración del dictamen de esta ley de excepción, pero se le han quitado o se han modificado los artículos que representaban riesgo para las garantías, que además violentaban derechos.

Por su parte, el senador panista Santiago Creel Miranda consideró que hay muchos avances y dijo que aunque se aprobaron 22 artículos, en los hechos suman más, porque unos van referenciados, además de que existe consenso de todos los grupos parlamentarios de no afectar a los ciudadanos que no participan o no tienen relación con ilícitos relacionados con el crimen organizado.

Explicó que, por ejemplo, si a un ciudadano le roban su vehículo y con esa unidad cometen un ilícito, pero ya había denuncia previa del robo del automóvil, el dueño no tiene por qué ser procesado, y la carga de la prueba recaerá en el Ministerio Público, instancia que tendrá que comprobar si hay relación con el delito.

Ayer, durante la discusión de la iniciativa, se encorchetaron los artículos 12, 17, 19 y 22.

Este jueves continuarán los trabajos de la comisión y se espera que la próxima semana esté listo el dictamen con el propósito de que pase al pleno para su discusión y aprobación.

En conferencia de prensa, el senador Murillo Karam declaró que los desacuerdos prácticamente los hemos venido solucionando conforme vamos aprobando artículos. En los temas más delicados ya estamos de acuerdo, pero hay otros que requieren de gran cuidado acerca de cómo se van redactando y estructurando para no generar conflictos.

A su vez, el senador perredista Tomás Torres explicó que la protección a terceros involucrados se modificó, de tal forma que el Ministerio Público deberá probar que un ciudadano honorable, que sin su conocimiento se hayan utilizado sus bienes para cometer ilícitos, es responsable.

Entre los cambios a la iniciativa está que la prescripción que el PRI proponía, de 20 años, y el Ejecutivo dejaba abierta, se cambió por una nueva redacción en la que se tomará como base el artículo 102 del Código Penal, donde se fijan las reglas de prescripción para cada delito.

También se modificó la obligatoriedad de que el titular de la Procuraduría General de la República presente al Senado un informe semestral. Ahora se plantea que presente un informe anual al Congreso, es decir, a ambas cámaras, en el que detalle cuántos juicios de prescripción se iniciaron y cómo se resolvieron. Hoy continua el análisis de la iniciativa.