Buenos Aires, 24 de marzo. Demandas urgentes para agilizar la justicia y terminar con la impunidad, así como otras referidas a duros temas sociales actuales y a las situaciones derivadas de la crisis mundial, se escucharon hoy en los documentos que leyeron representantes de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos y movimientos políticos, al cumplirse 33 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, que instaló la dictadura militar más cruenta en la historia del país que dejó 30 mil desaparecidos, miles de muertos y exiliados.

Durante los actos que culminaron en las multitudinarias marchas a Plaza de Mayo y también en distintos lugares del país reclamaron que se aceleren los juicios contra los represores y genocidas y se exigió un compromiso activo de todos los poderes del Estado.

También se repudiaron las demandas de sectores de derecha y ex militares y policías de la pasada dictadura, que pidieron imponer la pena de muerte por el tema de la inseguridad. Antes de comenzar la marcha Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, afirmó este repudio y recordó que ante tantos crímenes de la dictadura nosotros pedimos justicia legal: Ni a las madres, ni a las abuelas jamás se nos ocurrió pedir la pena de muerte como lo hacen estos iluminados que aparecen ahora, dijo. En un documento de Madres de Plaza de Mayo, se recordó que la lentitud de la justicia genera impunidad y la impunidad sólo crea más impunidad.

Se recordó que en los últimos años sólo hubo 44 condenas contra los autores de un plan sistemático de exterminio, 526 genocidas esperan ser juzgados, han muerto 192 y todavía existen 100 prófugos. Se pidió el trabajo conjunto de los tres poderes del Estado al exigir la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad para conocer toda la verdad y la restitución de la identidad de hijos de desaparecidos.

Antes de que llegara el primer grupo se presentó un conjunto de danza afro en que participaron unas 100 mujeres. Hubo diferentes marchas, y dos actos grandes en Plaza de Mayo. Anoche, frente al Palacio de Tribunales, hubo un acto también multitudinario para reclamar mayor celeridad a los jueces. Y a esto se unió el Primer Festival de la Canción Social, organizado por Hijos y Madres de Plaza de Mayo, en el Espacio de la Memoria, donde funcionó la escuela de Mecánica de la Armada (Esma), el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. En 2004, el ex presidente Néstor Kirchner decretó, en una acción conjunta con el ex intendente de la Ciudad Anibal Ibarra, entregar ese lugar a los familiares de las víctimas y organismos de Derechos Humanos.

Nuevamente Abuelas y Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, Hijos de desaparecidos, familiares y sobrevivientes, el Instituto Espacio para la Memoria (IEM), que agrupa a diversos organismos, el Servicio de Paz y Justicia y otros encabezaron la marcha más importante llevando una manta de varias cuadras de longitud con las fotos de los 30 mil desaparecidos, en los años del terrorismo de Estado que perduró hasta 1983.

También se recordó a las miles de víctimas de la parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que operó desde fines de 1973 hasta 1976 y del Operativo Independencia en el noroeste argentino, los antecedentes inmediatos de la pasada dictadura.

Como sucedió en los últimos años las marchas fueron planificadas por separado y hubo acuerdos para ceder los espacios. Mientras unos sectores se retiraban de la Plaza, otros ingresaban para hacer su propio mitin, con documentos donde se enfatizan las distintas posiciones políticas y las viejas y nuevas demandas.

Hubo varias noticias importantes. Por una parte en la localidad sureña de Florencio Varela, una escuela que llevaba el nombre del general Pero Eugenio Aramburu, quien estuvo al frente del golpe militar de 1955 que derrocó al también general Juan Domingo Perón, cuando estaba en su segundo mandato elegido por amplias mayorías populares, pasó a llamarse Rodolfo Walsh.

En ese emocionante acto en memoria del memorable escritor y periodista, autor de la Carta a la Junta Militar, denunciando en 1977 los crímenes de la dictadura y alcanzó a despacharla poco antes de ser rodeado por un grupo de tareas de la marina al que resistió en un último gesto de heroísmo y prácticamente desarmado. Fue llevado a la Esma herido, y hasta hoy está desaparecido.

Por otra parte, la Corte Suprema confirmó la sentencia a prisión perpetua para Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense quien fue condenado hace más dos años por genocidio. También se ratificó que quienes cometen delitos de lesa humanidad deben cumplir la pena en cárcel común y no militar.

También el ex centro clandestino de detención de La Perla que funcionó en la provincia de Córdoba, bajo el comando del Tercer Cuerpo del ejército por donde pasaron más de dos mil 500 personas, la mayoría hoy desaparecidas, fue habilitado como Espacio para la Memoria lugar para discusiones, debates y por las luchas de las causas populares.

Mientras varias Madres reclamaban por la urgencia de la justicia el secretario de Derechos Humanos del Gobierno, Eduardo Luis Duhalde, denunció que en la demora de algunas causas contra represores hay intencionalidad en unos casos e inactividad procesal de algunos jueces, en otros.

Asimismo ratificó la necesidad de que el Poder Judicial administre justicia en tiempo.

Este año están previstos varios importantes juicios orales, tanto en esta capital como en el interior del país. Una de las demandas mas fuertes fue por verdad y justicia en el caso de Julio López, un obrero que sobrevivió en distintos centros clandestinos de la provincia de Bueno Aires y testigo clave en la causa de un militar represor, y quien desapareció en 2006.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, que han recuperado casi un centenar de niños nacidos en cautiverio y robados por los militares a sus madres luego desaparecidas recordaron que hay más de 400 jóvenes apropiados por los represores.