El discurso del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, no corresponde con lo que en los hechos ha sido su trabajo al frente de la institución, pues sus recomendaciones han sido tibias y limitadas en el tema de las violaciones a esas garantías por el Ejército Mexicano, señalaron organizaciones civiles al referirse al último informe de actividades del ombudsman nacional.

Resaltaron el informe que varias agrupaciones civiles presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto de que en los primeros dos años del gobierno de Felipe Calderón las quejas contra los militares se sextuplicaron, al pasar de 182 en 2006 a mil 230 en 2008.

Dicho incremento coincide con la cada vez mayor presencia del Ejército en las calles, en actividades de persecución del crimen organizado. El reporte menciona que las inconformidades han sido por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y torturas, y en 28 casos esos atropellos a las garantías fundamentales concluyeron con la muerte de las víctimas.

En la audiencia ante el organismo internacional, los activistas resaltaron que el volumen de quejas evidencia el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Lo más grave es que esas quejas casi nunca son investigadas o llevadas al fuero militar, donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que a su vez propicia impunidad, manifestó Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Al referirse a la Procuraduría Militar y al seguimiento que ésta ha dado a las denuncias contra soldados, el informe destaca que entre 2006 y 2008 se consignaron menos de una de cada 10 averiguaciones previas contra soldados por delitos contra civiles.

De hecho, planteó Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a diario se sabe de alguna nueva queja contra los soldados, pero nunca hemos escuchado que algún miembro de la milicia haya sido sentenciado por alguna de esas denuncias.

En el reporte también quedó de manifiesto el incumplimiento del Estado mexicano a la recomendación de la CIDH para que las agresiones de los soldados se investiguen en el ámbito civil y no en el militar.

Sobre el último informe de labores del ombudsman nacional, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, destacó que profesionalizar a los policías es una necesidad que se ha postergado desde hace años. Y por lo que se ve, abundó, así seguirá. Llegaremos a 2012 sin esa estructura que permita el retiro del Ejército de las calles, indicó.

Aunque admitió que Soberanes Fernández ha tenido una actitud más beligerante y de cuestionamiento hacia las autoridades en relación con la violación a los derechos humanos, nunca lo aplicó en las recomendaciones, que son su herramienta fundamental.

En el mismo sentido se pronunció Brisa Maya, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, quien además planteó que a la CNDH le falta desempeñar un papel más fuerte, ponerse del lado de las víctimas y que sus recomendaciones incidan efectivamente en el diseño de las políticas públicas.