Acapulco, Gro., 14 de marzo. Unas 500 personas, la mayoría indígenas mixtecos y tlapanecos, se manifestaron frente al palacio municipal de Ayutla de los Libres –unos 100 kilómetros al sur de Acapulco, en la Costa Chica– para exigir castigo a los responsables materiales e intelectuales del crimen de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

A la manifestación acudieron familiares de los cinco indígenas detenidos el 17 de abril pasado acusados del homicidio de Alejandro Feliciano García, presunto paramilitar de la región asesinado en enero de 2008, y a los que Amnistía Internacional considera presos de conciencia, por lo que también se solicitó su liberación.

A la protesta, efectuada por habitantes de comunidades que forman la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, se sumaron Misael Medrano Baza, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, además de dos diputados locales y uno federal, quienes se comprometieron a buscar con el procurador de Justicia de la entidad, Eduardo Murueta, la pronta e incondicional libertad de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz, Romualdo Santiago Hernández y Raúl Hernández Abundio.

En el mitin con que concluyó la protesta estuvieron Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, viudas de Lucas Lucía y Ponce Rosas, desaparecidos el 13 de febrero y hallados sin vida el día 21 del mismo mes.

Ante ellas, el presidente del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, rechazó que los mixtecos hayan sido asesinados por rencillas personales, “o como por allí a veces se insinúa, circunstancias relacionadas con el narco, porque sabemos que el asesinato de Raúl y Manuel tiene que ver con un asunto evidentemente político, seguramente algunos caciques y algunas esferas del poder les incomodaba que mediante la voz de ellos se expresaran los indígenas de Ayutla para exigir las cosas elementales que tiene que exigir un pueblo”.

Explicó que los legisladores rechazaron la creación de una fiscalía especial para investigar el homicidio de los dos indígenas mixtecos porque las voces de Ayutla, de los familiares de Raúl y Manuel, de las organizaciones no gubernamentales, expresaban una profunda desconfianza, y por eso decidimos exhortar a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso se investigue y se castigue de manera ejemplar a los asesinos de Raúl y de Manuel.

Recordó el asesinato del luchador social Homero Lorenzo, sucedido en septiembre pasado en Ayutla, cuando él era secretario de Gobierno estatal, y que después de varios meses... nos hemos encontrado con la negligencia, con la indiferencia y con la ineficacia de una procuraduría de justicia que no resuelve absolutamente nada, dijo.