Recaba pruebas para aplicar la Ley de Extinción de Dominio
Domingo 15 de marzo de 2009, p. 32
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) continúa recabando pruebas que permitan demostrar que los inmuebles asegurados la madrugada del viernes en la zona de La Merced eran utilizados para explotar sexualmente a menores de edad. El objetivo de las autoridades es aplicar la Ley de Extinción de Dominio.
Por ello, ayer, peritos en química y fotografía, así como personal de la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales y elementos de la Policía Judicial (PJ), realizaron un cateo en los hoteles Madrid y Universo, así como en el bar El Capricho, ubicados en las calles de Topacio y Anillo de Circunvalación, luego de la detención, la madrugada del viernes, de una banda dedicada a la trata de personas.
Elementos de la PJ que resguardan dichos inmuebles explicaron que en el caso del hotel Madrid, localizado en la calle Topacio y que no tiene ninguna denominación social visible aunque sí un letrero con la leyenda se prohíbe la entrada a menores
, funcionaba como baños públicos, por lo que al edificio se le hicieron adaptaciones para recibir a las sexoservidoras y sus clientes.
En ese lugar, al igual que en el bar El Capricho, que se encuentra a unos metros, se obligaba a jóvenes a prostituirse, según la investigación que lleva a cabo la PGJDF, razón por la cual se colocaron sellos en sus puertas, en los cuales se informa que son lugares sujetos a investigación
.
La acción se inició a las 10 de la mañana, lo cual no perturbó la actividad en la zona ni impidió que las sexoservidoras continuaran con sus labores. Tanto ellas como los comerciantes se niegan a hablar sobre el tema, aunque leen con atención lo publicado por la prensa sobre el caso.
A unas cuadras de allí, en el hotel Universo la situación fue igual. Se trata de un edificio de cuatro pisos, en el que además de prohibirse la entrada a menores un letrero dice: se rentan cuartos de manera permanente
. Era hogar de algunas sexoservidoras. Incluso, a algunas se les permitió el acceso para sacar sus pertenencias.
De acuerdo con la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, en esos lugares se obligaba a menores de edad a prostituirse. Para ello las mantenían siempre en los inmuebles, adonde los clientes llegaban a solicitar los servicios.