El vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier Olmedo, afirmó que las autoridades educativas no tienen facultades para prohibir la comercialización que se produce en torno al examen de ingreso al bachillerato, porque es como en las tiendas de estambres, que dan cursos de tejido: quien quiere los puede tomar y no hay ninguna responsabilidad oficial.

El funcionario manifestó que los padres de familia que esperan a sus hijos a las afueras de los planteles no tienen por qué quedarse ahí, podrían ir a desayunar y regresar dos horas después, pero hay quienes se sientan en un camellón y hacen prácticamente un día de campo.

Bajo esa óptica, dijo que si los alrededores de las escuelas se llenan de puestos de tortas, tacos y golosinas es porque la gente que está esperando les consume... Se puede ver como un servicio y no creo que eso aumente la inseguridad ni represente ningún peligro.

En entrevista con este diario, Olmedo afirmó que el registro de aspirantes, que ayer concluyó, y en el cual se presentaron una serie de quejas por parte de los tutores, transcurrió sin ningún problema ni irregularidad.

Con relación al tiempo que los padres deben aguardar, en condiciones poco adecuadas de seguridad e higiene, afuera de las escuelas, expresó que son ellos quienes no desean retirarse. Puede ser incómodo, pero no se les puede permitir que entren a las escuelas y se haga ruido, pues se busca, según el funcionario, que el estudiante tenga las mejores condiciones.

Insistió en que ni la Comipems ni cualquier otra institución pueden regular, prohibir o controlar el mercadeo en torno a esta evaluación porque no realizan una actividad ilegal o que requiera reconocimiento oficial.

Sobre los cursos de preparación que se ofrecen a los jóvenes, señaló que mañosamente garantizan que el alumno quedará en una de sus primeras cinco opciones, pero, dijo, no podría afirmar que no sirven de nada.

A pregunta sobre los recursos generados por la prueba, apuntó que de acuerdo con el informe 2004 –el que tenía a la vista en ese momento– se registró un ingreso de 69 millones de pesos y un egreso de 67 millones de pesos. “No es negocio, pero es a los estudiantes a quienes les cuesta –reconoció– porque ni las instituciones participantes ni la SEP ponen dinero. El examen es autosuficiente”.