La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió ayer la recomendación 16/2009 a los gobernadores de Puebla, Mario Marín Torres, y de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, para que investiguen a los policías judiciales que participaron en la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, porque fue sometida a tortura física y sicológica.

El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, sostiene que “los elementos de las policías judiciales de Puebla y Quintana Roo que participaron en la ejecución de la orden de aprehensión girada contra Cacho Ribeiro violaron sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, protección a la salud y a la libertad de expresión, así como a la integridad y seguridad personales.

Los funcionarios públicos de las procuradurías de ambos estados incurrieron en actos de tortura, intimidación, amenaza y malos tratos, así como en otras acciones y omisiones violatorias a los derechos fundamentales, señala.

Asimismo, la CNDH sostiene que las evidencias de la investigación muestran que hubo importantes irregularidades administrativas en el caso, como el hecho de permitir a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo que la periodista fuera detenida antes incluso de que el Ministerio Público de la entidad recibiera el oficio de colaboración de la procuraduría de Puebla, que pedía la detención y traslado de Cacho Ribeiro.

En el texto de la recomendación se detalla que “particulares ajenos al Ministerio Público y a sus órganos auxiliares participaron en la captura y traslado de la periodista –Quintana Roo a Puebla–, y en el tiempo que duró el traslado –20 horas– no se le permitió utilizar los medicamentos adecuados para combatir el cuadro declarado de neumonía que presentaba, del cual existía constancia médica. Mientras, algunos de sus acompañantes le preguntaban si sabía nadar, haciéndole temer que podría ser arrojada al mar”.

En la recomendación se solicita al gobernador de Puebla la reparación del daño, así como investigar y sancionar a los policías que participaron en la detención. Al de Quintana Roo se le pide indagar las responsabilidades penales y administrativas del agente judicial que participó en esa detención.