Por unanimidad, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados reprendió y obligó a retractarse a su compañero Raúl Cervantes, quien apoyó a los panistas para modificar la minuta de la llamada ley de salarios máximos, para salvaguardar las enormes percepciones que se autorizan funcionarios de los tres poderes de la Unión, especialmente ministros, magistrados y jueces, del Poder Judicial de la Federación.

La víspera, Cervantes, quien es abogado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, conocido entre otras cosas porque transita por las calles de la ciudad de México con una aparatoso equipo de escoltas, había aprobado una enmienda a la propuesta de reforma al artículo 127 constitucional, por la cual la ley contra los megasalarios afectaría sólo a los funcionarios surgidos de una elección popular.

Tal actitud le acarreó a Cervantes –quien es recordado por su intervención directa en el desaseo del dictamen de la reforma petrolera, al incluir subrepticiamente la autorización de los contratos a empresas privadas para explotación y producción de hidrocarburos, lo cual fue descubierto y denunciado a tiempo por el partido del sol azteca– el repudio de la mayoría de los diputados.

Al costado de Emilio Gamboa Patrón, Cervantes trató de aminorar la tormenta de críticas al intentar convencer a sus correligionarios de lo siguiente: tengo un prestigio como abogado y en mi experiencia laboral me he apegado a la ley. Reiteró que en la minuta del Senado se encuentra implícito, en el artículo 94 de la Constitución, el derecho de los ministros y magistrados del Poder Judicial a preservar su salario, sin posibilidad de reducirlo por debajo del que obtiene el titular del Ejecutivo federal.

El veracruzano Alfredo Ríos Camarena lo interrumpió para recordarle que, por lógica, el tema de la ley, en el momento actual, no se ajusta al análisis técnico es político, le reclamó.

Frente al vendaval, el abogado del CEN del PRI reconoció, para sorpresa de todos, que fue burlado por los panistas. No obstante, fue él quien dio al blanquiazul el argumento para defender los altos salarios de los funcionarios.