Juristas, litigantes y académicos universitarios y de institutos de eduación superior advirtieron a senadores que la iniciativa presidencial sobre extinción de dominio no puede aprobarse en sus términos, ya que tiene visos de inconstitucionalidad, permite abusos y pone en riesgo derechos fundamentales de los ciudadanos.

Durante la audiencia pública a la que convocó el Senado de la República para analizar esa iniciativa que Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN) han insistido en que se apruebe a la brevedad, el profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Samuel González Ruiz, pidió a los integrantes de las comisiones dictaminadoras tener cuidado y crear una regulación más precisa, en especial con el empleo de testigos protegidos y recompensas, porque se podría generar un proceso de extorsión generalizada.

Por su parte, el abogado Juan Velázquez aludió a varios aspectos preocupantes de la propuesta, entre ellos, el sobreponer denuncias anónimas de las que hagan personas de buena fe, la existencia de dos procesos distintos, el penal y de extinción de dominio, que puede dar lugar a resoluciones contradictorias.

El litigante advirtió que ni siquiera se respeta la paz de los sepulcros, toda vez que se puede declarar la extinción de dominio de los bienes de una persona ya fallecida si sus herederos no acreditan que los bienes son de procedencia lícita.

El secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, recalcó que la extinción de dominio es un arma poderosa, pero requiere que su uso esté sujeto a precauciones, porque se trata de la pérdida del derecho de propiedad de ciertos bienes y, por tanto, supone una intervención extrema del Estado, que va más allá de la expropiación.

Insistió en que deben salvaguardarse los derechos de terceros de buena fe. Con ello coincidió el director de la Facultad de Derecho de la Universidad LaSalle, Jorge Nader Kuri, quien expuso que previo a la extinción de dominio es necesario que se acredite el delito y que los bienes se utilizaron con fines delictivos.

A su vez, José Roldán Xopa, jefe del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, insistió a los legisladores que se deben aclarar los riesgos y ambigüedades en la ley, a fin de evitar abusos.

Simón Herrera Beltrán, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, preguntó cuál es la prisa del gobierno federal por poner en vigor esa ley, cuando existen medidas en la legislación, como el aseguramiento de bienes, que muy poco se emplea contra la delincuencia organizada.

Al final de las intervenciones, el perredista Pablo Gómez llamó a sus compañeros a no aceptar presiones del gobierno o de la dirigencia del PAN para aprobar la iniciativa, ya que una mala ley podría generar más problemas que aquellos que busca combatir. El senador Jesús Murillo Karam resaltó que la responsabilidad de los legisladores es analizar y no sólo aprobar lo que se les presenta y el panista Santiago Creel,dijo que serán muy cuidadosos en la protección de los bienes de terceros.