a reciente creación del Consejo de Defensa de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) representa un salto cualitativo en la creciente autonomía de la región de cualquier injerencia extracontinental. El ataque de Colombia a un campamento de las FARC en suelo ecuatoriano, hace justo un año, desató una crisis regional que aceleró la creación del organismo coordinador y de cooperación entre las fuerzas armadas de los 12 países sudamericanos. De esa forma, no sólo se atajan futuras crisis sino que se coloca una valla a la expansión del militarismo, que es la estrategia que persigue el Plan Colombia.

Sin embargo, los pasos positivos que se vienen dando son a menudo ensombrecidos por acciones de esos mismos gobiernos que contradicen su declarada vocación progresista. Algo de esto ha sucedido en Paraguay y en Ecuador en las últimas semanas. El gobierno de Fernando Lugo militarizó dos departamentos que se caracterizaron por la potencia del movimiento campesino, en tanto Rafael Correa reprimió la jornada de movilización contra la minería del 20 de enero y luego retiró el permiso a la organización ambientalista Acción Ecológica, que se había destacado en la crítica a la Ley de Minería.

La militarización de Concepción y San Pedro, donde Lugo fue obispo y acompañó a los campesinos, fue una sorpresa mayor. Además de soyeros y campesinos organizados, en esos departamentos compiten las mafias que cultivan y trafican mariguana, cuestión que otorga a los conflictos sociales una buena dosis de complejidad y dramatismo. El 31 de diciembre fue incendiado un pequeño puesto militar en tierras de hacendados en San Pedro. El gobierno de Lugo decidió enviar tropas y policías, la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la vigilancia, control de carreteras y acciones contra narcotraficantes y presuntos guerrilleros.

En los días siguientes, dirigentes campesinos aliados del gobierno, como Belarmino Balbuena, del Movimiento Campesino Paraguayo, dijeron que no existen guerrilleros en el país y que se trata de una excusa para reprimir. El obispo de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz, denunció que los militares torturaron a campesinos, y el comandante de las fuerzas armadas, Cibar Benítez, reconoció que el objetivo del operativo es una causa nacional por la necesidad que se tiene de instalar el Estado (ABC, 14/1/09).

Lo cierto es que ya se produjeron tres muertes de dirigentes campesinos, al parecer asesinados por las mafias aprovechando el operativo militar-policial, ya que los movimientos campesinos son un obstáculo para los negocios ilícitos, por más que los conservadores medios de Asunción están empeñados en adosarles inexistentes alianzas con los narcos.

Una delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay y del Serpaj realizó una vista a la zona militarizada, donde recogió testimonios de víctimas y de organizaciones sociales. El abogado Juan Maertens denunció que desde el día que se instalaron (los militares) están cometiendo abusos y atemorizando a la población. Afirma que el operativo está fuera de control del gobierno y que es muy difícil que con las mismas autoridades militares y judiciales de siempre se llegue a descubrir la verdad.

Esta misma semana el presidente decidió levantar el operativo luego de inaugurar dos destacamentos militares en San Pedro. Lugo dijo que servirán de soporte social para que en la zona se sienta la presencia del Estado, muy ausente durante muchos años. Una filosofía idéntica a la del Plan Colombia.

En Ecuador la aprobación de la Ley de Minería, a mediados de enero, fue respondida por los movimientos indígenas y ecologistas con una masiva jornada de protesta realizada el 20 de enero. Marchas, cortes de carreteras, ocupaciones de edificios públicos y huelgas de hambre en todo el país fueron reprimidos con gases lacrimógenos, balas, bastones y decenas de detenidos y heridos. La represión fue similar a la que practicaban los gobiernos de derecha, pero ahora fue llevada adelante por un gobierno que dice defender el socialismo del siglo XXI y proclama una revolución ciudadana, pero defiende una ley abiertamente neoliberal que promueve la gran minería a cielo abierto, que viene contaminando las aguas de las comunidades de toda la región.

La Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), principal organización social del país y una de las más importantes de América Latina, elevó una carta abierta al Foro Social Mundial realizado en Belém en enero, en la que rechazó la presencia de Correa en un espacio donde históricamente se construyen alternativas y garantías a los derechos de los pueblos y por la vida y no puede ser tribuna para un presidente con posiciones impregandas de racismo, machismo, paternalismo, discriminatorias, sexistas y violentas. La carta asegura que la larga noche neoliberal está presente en Ecuador.

Esta semana el Ministerio de Salud le retiró el permiso a Acción Ecológica. Según Correa, muchas ONG hacen lo que se les da la gana y se inmiscuyen en política. Cientos de organizaciones y de activistas rechazaron la decisión y exigieron a Correa dar marcha atrás. El escritor Eduardo Galeano y el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, en la misma actitud valiente y coherente de siempre, se sumaron al pedido. Tres días después el Ministerio del Ambiente decidió devolver la personería a Acción Ecologista. Parece evidente que se intentó acallar una de las voces más críticas con la minería, convertida en uno de los ejes de la política de desarrollo de Correa.

Ambos casos revelan que las proclamadas rupturas con el modelo neoliberal no son consistentes. Para los movimientos ha comenzado un periodo de gran complejidad. Los gobiernos de Lugo y Correa forman parte de un nuevo tiempo político, en cuyo advenimiento los movimientos han jugado un papel activo y decisivo. Todo indica que sin la presión y la movilización social los gobiernos progresistas seguirán atados a un modelo que dicen querer superar.