La creación de una comisión binacional encargada de revisar el caso de la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro, generó fuertes críticas al presidente Felipe Calderón de legisladores y dirigentes partidistas.

Incluso el líder nacional del PAN, Germán Martínez, consideró que el gobierno mexicano debe mantenerse firme en el rechazo a la impunidad, por lo que debe impedir que se abra cualquier resquicio legal nacional o internacional para evadir la acción de la justicia.

Sin embargo, el blanquiazul demandó no continuar politizando el tema de Florence Cassez, y se sumó a la postura del gobierno de Felipe Calderón tendente a optar por la revisión en la citada comisión binacional.

El líder panista consideró que se tiene que oír con prudencia, cortesía y diplomacia a un gobierno extranjero, como también a las víctimas de un delito tan grave como es el secuestro. Creemos que se debe escuchar el dolor, el temor de las víctimas y no debe abrirse espacio a la impunidad en un delito tan grave, señaló. Añadió que en este caso las pruebas determinan que se cometió un delito y por tanto tiene que castigarse a esta persona conforme a derecho.

En la Cámara de Diputados, los legisladores consideraron que dicha comisión no está facultada para actuar contra la resolución del Poder Judicial de la Federación, porque la secuestradora incurrió en un delito considerado de lesa humanidad, agrediendo física y moralmente a su víctimas.

Diputados del PRD y del PRI coincidieron en que se debe hacer cumplir la ley mexicana por encima de un acuerdo diplomático.

Javier González Garza, coordinador de la bancada del PRD, argumentó que la condena es firme y ésta se dio en México. En primer lugar, en el país hubo un juicio y esa persona fue sentenciada, y puede haber las apelaciones que quieran en un proceso legal. Pero esa condena, si no es a través de un juicio, se va a quedar en firme, y por tanto tiene que cumplirla.

La postura priísta, expuesta por el coordinador Emilio Gamboa Patrón, fue coincidente con la del perredista. Cuestionó cómo el tema de una secuestradora se convirtió mediáticamente en el más relevante de la visita de Estado de Nicolas Sarkozy a México:

Nos parece que hay canales diplomáticos que se debieron utilizar mucho antes; sin embargo, seamos respetuosos de la ley mexicana, no sólo en este caso, sino en cualquier otro.

–¿Qué opinión le produce la comisión binacional para el caso de la francesa? –se le preguntó.

–Está bien que se llenen de buenas intenciones. Es una asunto que tenía dos años, pero se aprovechó esta visita del presidente Sarkozy para tocar el tema.

En tanto, Jesús Ortega, presidente del PRD, de visita en el Palacio Legislativo de San Lázaro, exigió al gobierno de Felipe Calderón que simplemente cumpla con su obligación: “México tiene que ser estricto; quienes cometieron delitos están juzgados y están sentenciados, deben purgar su pena en el país donde cometieron el delito… sería un mal mensaje que el gobierno federal no esté confiando en las autoridades judiciales de nuestro país”.

En esta línea el presidente del partido Convergencia, Luis Maldonado Venegas, aseguró que una concesión en esta materia vulnera el estado de derecho, y que este caso es una decisión de Estado no jurídica.

Mientras, el Partido Verde Ecologista de México pidió a las autoridades mexicanas no dejarse presionar por el gobierno francés, y que Florence Cassez cumpla su sentencia en el país.

Hay que recordar que el secuestro es un delito grave que ha lastimado severamente a la sociedad mexicana, y resulta inaceptable la intervención velada del mandatario francés en favor de su connacional, con la finalidad de encontrar una salida política para el traslado de la secuestradora, agregó a través de un comunicado.

El Partido Socialdemócrata insistió en que de lograrse la extradición, el mensaje que el gobierno enviaría a la sociedad mexicana es que existe un sistema jurídico inequitativo, en donde el delito no se castiga igual para nacionales que para extranjeros.