El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, consideró que si el gobierno mexicano accede a la petición de repatriar a Florence Cassez Crepin –sentenciada por secuestro– se sentaría un lamentable precedente de impunidad. En tanto, fuentes del Poder Judicial cuestionaron la decisión del presidente Felipe Calderón, quien debió abstenerse de participar en el caso porque no es competencia del Ejecutivo federal.

El ombudsman nacional envió una carta el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en la que expone varios motivos por los que la ciudadana de origen francés no debe ser trasladada a su país, como lo ha solicitado el presidente Nicolas Sarkozy.

En la misiva, aseguró que la petición del presidente francés es improcedente y contraria al sentido fundamental de la justicia, por lo que si México cede a la presión existirían condiciones para que en aquel país y de manera unilateral se pueda indultar a Cassez.

La CNDH consideró que los delitos por los que Cassez Crepin fue sentenciada a 60 años de prisión son todos de extrema gravedad, por lo que ve con inquietud la petición del mandatario francés debido a que el traslado pudiera significar, en realidad, un lamentable precedente contrario a los fines esenciales de evitar la impunidad y hacer justicia.

Soberanes reconoció que el tratado de Estrasburgo, al que hizo alusión Sarkozy, establece que un ciudadano francés pueda ser trasladado a Francia para cumplir la condena que le haya sido impuesta en nuestro país.

Sin embargo, el ombudsman subrayó que “en el caso que se analiza, Francia tiene la opción de hacer que se cumpla la condena impuesta por jueces mexicanos o también, por decisión unilateral de aquel país, la de convertir esa condena –mediante un procedimiento judicial o administrativo– en otra que, para el caso, puede ser de 20 años o incluso menos de prisión, de acuerdo con el capítulo IV del Código Penal de esa nación”.

Asimismo, resaltó que de conformidad con el artículo 12 del convenio de referencia, el gobierno francés tiene la facultad de indultar, amnistiar o conmutar dicha sanción, lo que abre la posibilidad a que los delitos por los que fue sentenciada la francesa queden impunes y las víctimas de los mismos no alcancen la justicia.

En tanto, fuentes de la Suprema Corte de Justicia censuraron la intromisión de Calderón en asuntos de competencia del Poder Judicial, considerando que debió haberse abstenido de involucrarse en el caso.

Sobre la creación de una comisión acordada por los gobiernos de México y Francia para analizar el caso de la repatriación de Cassez, otros funcionarios entrevistados señalaron que Caderón debe aclarar, de entrada, quiénes la conformarán, cuáles son sus alcances y qué se puede esperar de la misma: en pocas palabras, transparentar su actuación.

Por su parte el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar reconoció que en caso de ser enviada a Francia, Cassez podría ser beneficiada por algún recurso de preliberación, porque esa facultad depende de cada país.

Precisó que la sentencia de 60 años por el delito de secuestro se mantiene inalterable, y que la eventual extradición no tendría impacto alguno en su culpabilidad establecida por un tribunal federal.

En tanto, entrevistados con respecto a la comisión acordada por los gobiernos de México y Francia, los funcionarios cuestionaron la postura de Calderón, porque tenía que hacer valer la independencia y autonomía de los poderes.

Cuando Sarkozy le planteó analizar la extradición, poniendo en duda el sistema de impartición de la justicia en el país, el Presidente tenía que haberse abstenido de hablar sobre el tema y dejar en claro que no era un asunto de su competencia. Lamentablemente no actuó así, indicaron.