Washington, 10 de marzo. La violencia creciente que ha desatado en México el crimen organizado fue motivo de discusiones en varios círculos de Estados Unidos, entre ellos la Cámara de Representantes, donde el subsecretario de Estado adjunto para asuntos de narcóticos, David Johnson, advirtió que en nuestro país al menos 150 mil personas están directamente involucradas en el negocio del narcotráfico y otras 300 mil se dedican al cultivo y procesamiento de mariguana y opio.

Al comparecer ante representantes para explicar acciones ligadas a la Iniciativa Mérida, el funcionario de la Casa Blanca subrayó que tenían estimaciones que ubicaban ingresos del crimen organizado durante 2007, que oscilaron entre 13 mil y 25 mil millones de dólares. Las ganancias formaron parte tan sólo de la producción de 18 toneladas métricas de heroína y 16 mil de mariguana.

En tanto, el director nacional de Inteligencia, Denis Blair, advirtió que la imposibilidad que ha mostrado el gobierno mexicano para controlar parte de su territorio, y la corrupción alentada por el crimen organizado, erosionarán la tradicional posición privilegiada e influencia política de Estados Unidos en la región, a menos que el país pueda dar respuesta a esos desafíos de forma más permanente e inmediata.

Por otro lado, legisladores demócratas y republicanos cuestionaron la postura asumida por la administración del presidente Barack Obama, que ha retrasado la entrega de helicópteros Bell y Blackhawk que forman parte del paquete de acciones de la Iniciativa Mérida. La presidenta del subcomité de Operaciones Foráneas de la Cámara baja, Nita Lowey, calificó de absurdo que se pretenda demorar entre 18 y 24 meses la entrega de los helicópteros Bell y aún más tiempo en el caso de las otras aeronaves.

Lo anterior se dio en el contexto de la participación del secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, quien llamó al Congreso estadunidense a aprobar mayores fondos para dar continuidad a la Iniciativa Mérida, puesto que sin estos recursos y dado el estado crítico de las finanzas y la economía mexicana, son factores que sólo benefician a las bandas de narcotraficantes.

“Con los presupuestos del sector público en riesgo, la disminución de las remesas y la pérdida de empleos en la región, es obvio que el crimen organizado y los cárteles de la droga presentan una atracción”, dijo.

En tanto, el Congreso aprobó el proyecto de ley de gastos del año fiscal 2009, con el cual se concretó la reducción de la partida que le correspondía a México en el contexto de la Iniciativa Mérida. Aunque originalmente se habían proyectado 450 millones de dólares, se oficializó el recorte de 150 millones de dólares, por lo que ese país sólo dispondrá del resto.

Durante la comparecencia ante la Cámara de Representantes, Johnson aludió a las respuestas que está dando la administración de Felipe Calderón al crimen organizado: El presidente Calderón reconoce que un fracaso ahora podría resultar en que los elementos criminales se metan más a fondo en el tejido de la sociedad mexicana, haciendo más alto el costo de lidiar con estos problemas.

El funcionario destacó ante los legisladores que la Iniciativa Mérida considera un conjunto de acciones conjuntas entre Estados Unidos y México para enfrentar al narcotráfico. En este contexto, Johnson subrayó que al entrar en vigor la citada iniciativa ya tenemos la oportunidad de expandir nuestra colaboración. Planear para un papel expandido de cooperación operativa de las agencias de la ley, sólo es el principio.

El subsecretario aseveró que la mencionada iniciativa fue concebida para un incremento paulatino de las acciones conjuntas de ambos gobiernos. Habló en el marco de un conjunto de audiencias cuyo objetivo es analizar la posibilidad de reforzar acciones en la frontera común para enfrentar la violencia

Por su parte, el director nacional de Inteligencia habló ante el Comité del Senado para el Servicio Armado, donde advirtió sobre la creciente violencia provocada por las bandas del narcotráfico en la línea fronteriza México-Estados Unidos. Reconoció que esta violencia está poniendo en riesgo a las naciones en la región.

En este sentido, Blair dijo que su país tenía la oportunidad de realizar acciones conjuntas con el gobierno mexicano para promover los intereses estadunidenses en la zona, “incluida la guerra contra los cárteles de la droga para detener el flujo de armas a lo largo de la frontera”.

Por otro lado, el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Jayson Ahren –quien también participó en las audiencias–, anunció que Estados Unidos promueve iniciativas legislativas que favorecen la recopilación de datos de inteligencia para apoyar las medidas antidrogas que realiza México. Se pretende, dijo, que haya mayor accesibilidad a informaciones relacionadas con inteligencia en materia de drogas, destacando además que otro aspecto clave es la intercepción de armas y dinero de estas bandas de traficantes de drogas.

En este contexto, Ahren admitió que la mayoría de las drogas ilegales consumidas en Estados Unidos se originan o pasan por territorio mexicano y mares territoriales, al tiempo que grandes cantidades de dinero, provenientes de sus ganancias, regresan a México para fortalecer las finanzas de los narcotraficantes.

El funcionario dijo que la dependencia a su cargo ha establecido una oficina de inteligencia en El Paso, Texas, previendo que en las próximas semanas se abra una más en Phoenix, Arizona, con el objetivo de recolectar mayor información en materia de inteligencia. Informó que mantienen coordinación con la agencia antidrogas (DEA) y el Programa contra el Tráfico de Drogas de Alta Intensidad, para ampliar las acciones que les permitan obtener mayor información.

Como parte de una larga pasarela de funcionarios ante legisladores, también participaron en las audiencias el jefe de la Patrulla Fronteriza, David Aguilar, y la directora de la Oficina de Investigaciones del Servicio de Control e Inmigración, Marcy Forman, quienes coincidieron en señalar que la violencia en la frontera es producto de la lucha por territorio que están librando los cárteles mexicanos.