¿Quién permitió la invasión estadunidense?
Recuperar espacios, prioridad del GDF
laro que está en la memoria! Los mercachifes de la información no paraban de lanzar insultos, de invocar –en aquella ocasión sí– las leyes, la Constitución, porque las calles del Paseo de la Reforma estaban bloqueadas por ciudadanos mexicanos que se resistían a que su voluntad política fuera conculcada, robada por un grupo de poderosos que se niegan a que el país cambie para el beneficio de los más.
En aquellos días había quienes pedían a gritos la intervención de la fuerza pública para abrir las calles a los peatones y los autos. Cómo no recordarlo, sobre todo si se sabe que hoy, y desde hace ya un buen tiempo, la representación diplomática de otro país se ha adueñado de las calles sin permiso ninguno, y nadie, ni los gritones ni los enajenados, levantan la voz.
Fíjese usted, no hace mucho las calles de la ciudad se miraban listas a dar paso al peatón. Jardineras, adornos de cualquier tipo, hoyos y desniveles, todo eso que de cualquier manera las ponía a disposición de la gente que por ellas transitaba.
Vino el neoliberalismo y, con él, el desempleo. Los despedidos de las empresas que alguna vez fueron del Estado y que luego, en manos privadas, se convirtieron en expulsoras de mano de obra, empezaron a poblar las banquetas con la venta de baratijas de pésima calidad, pero necesarias.
El ambulantaje se volvió una mancha creciente, parte ahora inseparable del escenario urbano, y los peatones fueron poco a poco despojados de lo que les pertenecía: sus calles. La situación no dejaba lugar a dudas. La venta callejera era un poco de alivio, de oxígeno para una situación económica cada vez más asfixiante y en ese sentido tendría que ser admitida y tolerada. Las calles difícilmente volverían a los pies del peatón.
Ahora, en la administración de Marcelo Ebrard se pone énfasis, se fija como una de las tareas fundamentales del gobierno de la ciudad el rescate del espacio urbano, que de muchas maneras secuestró la crisis, el capitalismo salvaje que se nos impuso desde el priísmo, y se profundizó con los panistas amantes de ese sistema.
Por eso se limpió de ambulantes el Zócalo, se limitó la venta en muchas calles del centro, se ordenó la venta callejera fuera de la Basílica de Guadalupe, y poco a poco se abrieron, otra vez, al caminar de los defeños, las calles que se les habían vedado.
Y así, como si fuera vendedora ambulante, la embajada de Estados Unidos decidió invadir un par de calles, dos de las más transitadas, dos de las que llegan al Paseo de la Reforma, sin ningún permiso de la autoridad, pero con complicidad, desde luego, de la jefatura delegacional de Cuauhtémoc.
Marcelo Ebrard ya dijo que la representación estadunidense no cuenta con los permisos para la invasión que hizo de Río Papaloapan y Río Danubio, pero ahora la pregunta obligada es: ¿y qué sigue?
Por lo pronto, si es que tiene facultades, la jefatura de Gobierno debe actuar y recuperar lo que de los capitalinos es, lo que les corresponde, pero además se tiene que saber quién o quiénes permitieron la invasión, porque seguramente tendrán que responder a esto que podría configurar algún delito.
Claro que en el Gobierno del Distrito Federal hay quien se encarga de la recuperación de espacios urbanos invadidos, pero como se ve, y aún tras la declaración de Marcelo Ebrard, no es lo que se puede considerar eficiente.
Aquí no valen los pretextos, alguien con la suficiente jerarquía política permitió que esta irregularidad sucediera, y todo apunta hacia el ex jefe delegacional, José Luis Muñoz Soria, que como dijimos en la entrega anterior, ahora quiere ser diputado. ¡Imagínese!
De pasadita
El presidente francés vino a dar un show que sólo los serviles pueden aplaudir, pero además de eso, dio una lección de soberanía y fuerza del Estado a Calderón y los suyos, defendió a una secuestradora originaria de su país, no porque sea inocente o culpable, sino porque es francesa.
No se sabe a ciencia cierta a qué se debió el viaje, de un solo día, para cuestiones de gobierno, pero hay muchos que presuponen que se trató, nada más, del intento –hasta ahora– de sacar de la cárcel a la delincuente, en lo que se puede entender como una protesta, porque nadie puede confiar en la justicia mexicana.
Pena deberían tener todos los funcionarios públicos mexicanos que no hace mucho se negaron a defender –e incluso proporcionaron datos incriminatorios para que se le juzgara en otro país– a la mexicana Lucía Morett, por la pasión del francés para proteger a la criminal juzgada. ¿Será el momento para que Morett cambie de nacionalidad y con ello surja alguien que la defienda? Qué triste.
